Los retos de la financiación de las administraciones locales

En los comienzos de la democracia el gasto público se repartía entre un 88% a administrar por el Estado y un 12% por las corporaciones locales. A principios del 2005, y después de un proceso de descentralización basado en el Estado de las Autonomías, el reparto es: Estado, 55%; Autonomías, 32% y corporaciones locales, 13%. Frente a esta situación, diferentes autores, coinciden en propugnar que el objetivo a perseguir, es un modelo federal de financiación que consiga maximizar la eficiencia. Éste viene representado por un reparto 50 - 25 - 25 de los recursos. Esto es, Estado 50%, Administración Autonómica 25% y corporaciones locales el restante 25%. La realidad en nuestro Estado es que el proceso de descentralización se ha superado con respecto a la Administración Regional, pero prácticamente no ha comenzado aún con respecto a las corporaciones Locales.

Este hecho afecta muy de cerca a la financiación de las corporaciones locales andaluzas, con un marco financiero condicionado desde dos puntos de vista:

* Una falta de marco legal o legislación explícita que especifique las verdaderas competencias que las corporaciones locales están asumiendo, sobre todo en materia de desarrollo económico y bienestar social no recogidas como competencias básicas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Éste hecho, provoca en consecuencia una falta de trasferencia financieras estructurales para ejercer estas competencias. Por todo ello, la ejecución de estas políticas depende de la voluntad política de las personas que gobiernan las diferentes corporaciones locales, así como de la coyuntura del momento, no existiendo una simetría en las estructuras financieras y en los Presupuestos entre las diferentes Entidades; y por ende, un déficit constante en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que apuestan por políticas innovadoras, que por otra parte, son demandadas por sus ciudadanos.

* Una intervención en la financiación y consecuentemente en el control de otras Administraciones Públicas diferentes de la Local. Concretamente la financiación procedente de los Fondos Europeos, y del Fondo de Compensación Interterri-torial (FCI), que están basados en los principios de solidaridad entre territorios, con el fin de conseguir el equilibrio territorial a partir de las transferencias de Fondos para el desarrollo, de los territorios más ricos hacia los territorios más desfavorecidos. Por lo que, debido a la posición menos privilegiada de Andalucía, ésta siempre ha sido perceptora de Fondos de Solidaridad tanto Europeos como Estatales. Esta transferencia de fondos, aunque ha sido una de las claves para el desarrollo de algunos municipios, también ha provocado una posición subordinada por parte de las corporaciones locales con respecto a otras administraciones públicas de ámbito territorial diferentes a la local, como son la autonómica, la estatal y la europea. Ya que son éstas las que marcan las directrices, la normativa, y los programas que subvencionan, sin tener en cuenta en ocasiones las características particulares de los territorios.

Por todo ello, una vez se consiga mitigar la tan ansiada deuda histórica andaluza, el siguiente paso debe ser realizar una segunda descentralización que dé autonomía financiera suficiente a las administraciones públicas locales para llevar a cabo sus programas de desarrollo económico y social.

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