Los retos económicos del Gobierno (II)

 

Se abrió la IX Legislatura  (2008-2012) de la democracia española y José Luís Rodríguez Zapatero, es ya presidente del Gobierno. En su discurso de investidura, por primera vez en mucho tiempo, la economía y su incidencia en el tejido productivo y social, ocupó una parte importante del mismo. El candidato a presidente en ningún momento habló ni de recesión ni de crisis directamente. Prefirió decir que la situación económica por la que atraviesa el país es menos favorable o más adversa, debido a las dificultades financieras  por la que atraviesan los mercados internacionales como consecuencia de la crisis de las hipotecas basuras. Sin embargo, dejó patente su preocupación al anunciar que en el primer Consejo de Ministro, se aprobará un paquete de medidas antidesaceleración que inyectará a la economía española 10.000 millones de euros. De su calado y de la agilidad con que se pongan en marcha dependen, en buena parte, las expectativas de recuperación económica que pueda haber en esta legislatura, evitando que el problema derive en una crisis estructural y que el nuevo Gobierno sea capaz de crear los dos millones de empleo que prometó en la campaña electoral.

En su discurso de investidura el candidato mencionó casi todas las medidas que se deben adoptar en momentos como éste: estabilidad presupuestaria, aumento de la inversión en obras públicas y en la construcción de VPO, reforma laboral, formación profesional, incentivos a las empresas, medidas de política fiscal con la supresión del impuesto sobre el Patrimonio, política de I+D+i con la creación del ministerio de Ciencia e Innovación y modernización de la Administración. Así mismo abrió la mano a la oposición para pactar y consensuar determinados temas que se consideran de Estado: política antiterrorista y exterior. Por tanto, el modelo que propone Zapatero tiene mucho que ver con el de la socialdemocracia clásica: el dinero que se ha ahorrado el Estado en cada uno de los cuatro años de legislatura pasada (el superávit) se destinará a apuntalar el crecimiento económico y a mantener los derechos y las promesas electorales.

En esta nueva legislatura el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha optado por cambiar nada menos que la mitad de su equipo económico para hacer frente a la desaceleración económica. Las tres caras nuevas en este equipo son Miguel Sebastián, antiguo jefe de la oficina económica del presidente del Gobierno, que asume la cartera de Industria, Turismo y Comercio, además de llevar aparejada las competencias sobre energía; Beatriz Corredor, que se hacer cargo del ministerio de la Vivienda y Celestino Corbacho que se coloca al frente del ministerio de Trabajo e Inmigración. A ello hay que unir la creación del ministerio de Ciencia e Innovación que presidirá Cristina Garmendia.

Pedro Solbes, como todos sabían, continúa como Vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda. Sobre él recaerá diseñar la política económica y fiscal del Gobierno. La situación económica a la que se enfrenta el nuevo Gobierno es mucho más complicada y crítica que la de la anterior legislatura: desaceleración del crecimiento económico; hundimiento del sector inmobiliario/construcción; descenso de la tasa de ahorro familiar; déficit de la balanza comercial; aumento de la morosidad bancaria, del paro, de la inflación y el euríbor. Todo ello ha llevado a una gran desconfianza empresarial y a un pesimismo creciente sobre el funcionamiento y la solidez de la economía española. Por consiguiente, el nuevo gobierno deberá tomar una serie de medidas para ajustar los múltiples problemas coyunturales a los que se enfrenta el tejido productivo.

A los tradicionales problemas de la economía española, tales como la elevada inflación, la baja productividad y el abultado déficit exterior, la economía española se enfrenta, además, a una profunda crisis del sector inmobiliario/construcción, que ha sido el motor principal del crecimiento en los últimos años. A ello hay que añadirle la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico: menos ladrillos y más I+D+i, para resolver los problemas anteriormente mencionados y ganar competitividad. Por tanto, con la vivienda en desaceleración, esta legislatura tiene que centrarse en inversiones más productivas que generen empleo bien remunerado, por lo que el Gobierno tendrá que pensar en formas de trasladar la inversión en el sector de la vivienda al sector industrial y para ello deberá utilizar los incentivos fiscales para animar a los empresario para hacer esta transición.

El nuevo ejecutivo y su equipo económico deberán sentar las bases y los incentivos para cambiar el modelo de crecimiento económico en donde las empresas y los empresarios tienen un papel decisivo. Nos espera un camino largo, y el principal motor de este proceso no puede ser el Gobierno, porque ni le corresponde, ni tiene recursos para hacerlo. Pero desde luego, si puede facilitar ese cambio de dirección y ayudar a que no se generen desequilibrios en el camino. En este cambio de modelo de crecimiento económico ya no sirven el ladrillo y el consumo interior. Hemos pasado muchos años creciendo mucho y bien pero creciendo fundamentalmente a base de trabajar más pero no mejor. La construcción ha sostenido este crecimiento a costa de que se relentisar el movimiento hacia sectores de mayor valor añadido, que es hacia donde se debe ir: dada nuestra estructura de costes laborales, no podemos competir con sectores intensivos en mano de obra. La construcción no compite exteriormente y, por ello, ha podido sustentar el crecimiento, pero los sectores que si tendrían que competir han perdido terreno de forma  continua. La primera gran tarea es conseguir crear un contexto de evolución hacia sectores con mayor contenido de innovación y tecnología. Esto implica necesariamente un esfuerzo en I+D+i. Por otro lado, es necesario una reforma seria de la educación y que ésta no se utilice como alma partidaria. Es imprescindible que la reforma educativa sea consensuada por todos, ambiciosa y estable en el tiempo. Por tanto, es necesario ganar competitividad para conquistar mercados en el exterior.

El control de la inflación es fundamental para que los productos españoles puedan competir en los mercados internacionales. Para ello, hay que abrir al mercado algunos sectores, todavía son muy rígido, para que compitan. Por tanto, el fomento de la competencia y la eliminación paulatina de protección a sectores que, por la evolución natural de nuestra economía y por la competencia internacional, dejan de ser competitivos sin posibilidad de recuperación. No es ninguna tragedia que nuestra industria se reconvierta, aunque el proceso de ajuste sea doloroso y difícil.

La cuestión energética es otro talón de Aquiles de la economía española. El problema de suministro energético requiere mucha más atención de la que se le ha estado prestando, en un país como el nuestro deficitario en producción energética. No sirve hablar sólo de cambio climático sino que hace falta afrontar seriamente, a corto y medio plazo, nuestra dependencia del petróleo, la viabilidad de las energías renovables, posibles fuentes alternativas de suministro (nuclear), etc. Es decir, convertir la necesidad en virtud y conseguir  que el sector energético sea un generador de empleo.

El excesivo déficit exterior (cerca del 9 % del PIB en 2007) es otro de los retos a los que tiene que hacer frente el nuevo Gobierno, esforzándose en crear las condiciones que permitan reducirlo drásticamente en el medio plazo. Este elevado déficit refleja problemas de competitividad exterior y efectos de la globalización (deslocalización, aumento de la competencia internacional, desvío de la inversión extranjera, fortaleza del euro frente al dólar, entre otros). La evolución al alza de los precios del petróleo y de las materias primas y el aumento de la competencia internacional van a continuar presionando sobre el déficit exterior. Y dado que no podemos continuar hipotecando rentas futuras hay que reducir nuestra dependencia exterior introduciendo reformas de fondo, encaminadas a mejorar la productividad y la competitividad. Esta es la única vía de mantener, en el futuro nuestro nivel de vida. Por ello, creemos que la  baja productividad continúa siendo el principal problema de la economía del país. El nuevo Gobierno debe de continuar situándola como el eje central de su actuación, ya que aunque es mucho lo andado, queda todavía mucho por avanzar, tanto en capital humano como en infraestructura física, tecnológica y energética.  

En lo que se refiere a las infraestructuras físicas, la mejora de la red ferroviaria y portuaria es necesario seguir con el esfuerzo inversor del último lustro, que permitirán aumentar la productividad y competitividad del tejido productivo.

Otras de las cuestiones que deberá afrontar es la nueva negociación de la financiación autonómica, obligada, entre otras cosas, por la puesta en marcha de los nuevos estatutos de autonomías y la publicación de las balanzas fiscales (saldo entre lo que pagan los habitantes de un territorio en impuestos y lo que la Administración Central del Estado les devuelve en servicios, prestaciones e infraestructura).

La cuestión social es otra asignatura pendiente. El crecimiento y la prosperidad económica han acentuado algunos problemas de corte social: efectos de la inmigración, la revisión del sistema de Seguridad Social, la creciente desigualdad en la distribución de la renta, el sistema de atención sanitaria, la seguridad ciudadana, etc. Algunos de estos temas son nuevos y otros llevan mucho tiempo sin que se les hayan dado solución.

Por último, uno de los retos que se proponen todos los gobiernos cuando acceden al poder es el de la modernización de la Administración para conseguir un mayor grado de eficacia y un menor grado de burocratización. La fuerte descentralización del gasto público producido en las dos últimas décadas como consecuencia de la creación y consolidación de las Comunidades Autónomas, que se han convertido en los suministradores de los servicios públicos a los ciudadanos (educación, sanidad y servicios sociales) debería dar lugar a que los ministerios se transformaran en organismos con poca estructura administrativa, encargados de la planificación y regulación de las actividades públicas. Así mismo, es necesario que la nueva Administración,  fortalezca la credibilidad e independencia de los organismo reguladores de la economía de mercado liberalizada durante los últimos quince años para que la economía española gane eficiencia, competitividad y sea atractiva para atraer inversiones extranjeras: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Comisión Nacional de la Energía (CNE), Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Estos son algunos de los retos del nuevo Gobierno. Algunos de los retos señalados no se resuelven de golpe, y otros no son responsabilidad exclusiva del Gobierno. Pero es el momento de dejar las promesas fáciles y empezar a afrontar de verdad los problemas y los retos que tienen pendiente la economía española y su tejido productivo.

juan.rodriguez@uca.es