La Comisión Europea ha comenzado a pisar el acelerador para llegar a un acuerdo político en la reforma de la OCM del vino antes de que finalice el año. La Presidencia de turno de la UE -este semestre en manos portuguesas- ha puesto especial énfasis en cerrar bajo su mandato, que expira el 31 de diciembre, la última de las reformas agrícolas de la PAC. La siguiente cita de los ministros de Agricultura tendrá lugar los próximos 18, 19 y 20 de diciembre, aunque se seguirá trabajando en los distintos documentos. Los primeros contactos, a juicio de la delegación española, alientan a un moderado optimismo.
Los primeros encuentros entre los Estados dieron comienzo la semana pasada, en unas reuniones donde no se produjeron grandes avances, quedando pendientes los aspectos más espinosos de la reforma: el arranque de viñas, el reparto de los fondos, la fecha para la liberalización de los cultivos y la denominada «chaptalización» (aumentar la graduación del vino de base a azúcar).
En cuanto al plan propuesto por Bruselas de arrancar vides, se ha suavizado mucho el proyecto original, que incluía suprimir 400.000 hectáreas de viñedo, a la mitad. En este sentido, la ministra Elena Espinosa quiere proponer a la Comisión que el dinero destinado al arranque pierda peso en la reforma de la Organización Común de Mercado frente a otras medidas. En el tintero está ahora la propuesta de reducir de cinco a tres años el periodo de arranque de viñas y reducirlo de 200.000 a 150.000 hectáreas.
En cuanto al reparto de los fondos, España recibía 480 millones de euros del total de 1.268 millones, un 37% del total de las ayudas. Con la ampliación a 27, algunos Estados productores como Polonia, Rumania o Eslovenia también quieren su trozo de la tarta presupuestaria, por lo que nuestro país perdería un 7% de estas subvenciones, denominadas sobres nacionales, es decir 90 millones de euros, según ha indicado Alejandro García-Gasco, vicepresidente del grupo consultivo vitivinícola de la UE.