La ministra de Vivienda quiere que las ayudas al alquiler de 210 euros mensuales programadas por su departamento empiecen a cobrarse antes de que los ciudadanos introduzcan su voto en la urna el 9 de marzo. Al menos así se desprende de una carta que ha remitido a algunas de las 122 entidades financieras que colaboran en su gestión instándolas a que comiencen a ingresar el dinero en las cuentas de los solicitantes incluso antes de que los gobiernos regionales, responsables de su tramitación, hayan comprobado si cumplen todos los requisitos.
La misiva es explícita. "Les rogamos que, durante el presente mes de febrero, se sirvan de aceptar a aquellos beneficiarios que, aún sin poder aportar por el momento la resolución de la Comunidad Autónoma reconociéndole el derecho a la RBE -Renta Básica de Emancipación-, presenten el identificador que les corresponde, junto al contrato de arrendamiento", dice textualmente el escrito, que está rubricado por el secretario general técnico de Vivienda, Juan Francisco Pozo.
El contenido de esta circular, sin embargo, contradice lo dispuesto en el Real Decreto 1472/2007, que regula la concesión de las ayudas. Según reza su artículo 4, los gobiernos regionales notificarán simultáneamente la resolución de las solicitudes al interesado y al Ministerio de Vivienda, quien a su vez ordenará el pago de los 210 euros al banco o caja de turno. Si éste no hubiera recibido la autorización administrativa en el momento en que el inquilino le reclame el dinero, "lo comunicará al Ministerio de Vivienda (...) a efectos de recabarla".