La Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios, reunida en el día de hoy, ha adoptado la decisión de trasladar a la opinión pública su preocupación por la posible formación de un Estado de Alarma Social como consecuencia de las noticias aparecidas en los medios de comunicación en relación con la denuncia formulada por la Fiscalía a un Promotor inmobiliario y dos altos cargos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada; la denuncia previa que ha dado lugar a la misma; declaraciones y manifestaciones de determinados partidos políticos y colectivos profesionales y denuncia posterior de existencia de una posible trama entre políticos, funcionarios y empresarios para esquilmar las arcas municipales.
La Confederación Granadina de Empresarios, como cualquier institución preocupada por los intereses de Granada, ha seguido con atención las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la citada denuncia, habiéndose abstenido de intervenir en la polémica suscitada hasta el momento, al entender que el ámbito de la misma no afectaba a intereses generales de los empresarios de Granada ni de la ciudad ni de la Provincia.
Esta percepción cambió de manera sustancial al aparecer en prensa el pasado día 19 la noticia de una rueda de prensa dada por quién formuló denuncia ante la Fiscalía en relación con un promotor y un funcionario de la gerencia de urbanismo, en la que, según la información periodística, formuló una grave acusación, que al entender de la Confederación si afecta a los intereses generales tanto de los empresarios como de la propia ciudad. Según aquella información, se denunciaba la existencia de UNA TRAMA DE POLITICOS, FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS QUE ESTARIA ESQUILMANDO LAS ARCAS DEL AYUNTAMIENTO.
La acusación así expresada, tenía carácter de ambigüedad, generalidad e imprecisión, generando una sospecha sobre cualquier político, funcionario o empresario, lo que consideramos contrario a nuestro estado de Derecho y favorecedor de crear un estado de opinión pública de corrupción, que consideramos altamente grave e injustificado.
Como consecuencia de dicha denuncia pública, nos hemos creído en la necesidad de profundizar un poco más en toda la documentación a la que hemos podido tener acceso, por ser pública, pudiendo apreciar que la denuncia en su día presentada ante la Fiscalía por quién se manifestaba de esta forma, no acusaba de cosas concretas, si no que bajo una pretendida amistad y determinados regalos, denunciaba que se podría estar obteniendo un trato favorable en diversos expedientes, que en ningún momento fueron citados.
Igualmente pudimos comprobar, no sin sorpresa y preocupación, que alguien anónimo aportó al expediente de Fiscalía, copias de determinados expedientes de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Granada para que se aportaran al mismo, relativas todas ellas a expedientes urbanísticos en los que estaba interesado el promotor denunciado y el funcionario igualmente denunciado. Dichos documentos, al parecer, han sido relevantes para que la Fiscalía proceda a cursar la denuncia a que hacíamos referencia al principio.
Después de la sorpresa y preocupación, hemos procedido a preguntarnos, como suponemos están haciendo muchos ciudadanos e instituciones, ¿Qué o quién estará detrás de esas fotocopias de expedientes administrativos y qué intereses tendrá en aportar documentos tan precisos y necesarios para la viabilidad de la denuncia? ¿Qué o quién se esconde detrás de un escrito anónimo? ¿Quién puede tener acceso a esos expedientes en forma tal que pueda sacar fotocopias de todo lo que le interese? ¿Tendrá más? ¿Las va a aportar cuando le convenga?
Creemos sinceramente que todas estas preguntas han de obtener adecuada respuesta.
Estamos seguros que nada de esto habrá pasado inadvertido a la Fiscalía e igualmente estamos seguros que si actuó ante una denuncia formulada por un particular en forma privada, igualmente habrá actuado cuando este mismo particular, que al parecer tiene mucha información relevante, ha formulado públicamente a través de los medios de comunicación una denuncia de las características de la comentada en párrafos precedentes.
Si así lo ha hecho, nos felicitamos, pues, por el bien de todos, necesitamos saber y cuanto antes mejor, si la acusación de la existencia de una trama para esquilmar las arcas municipales es cierta, y si lo es, que los culpables sean sentenciados como haya lugar en Derecho, y para que los inocentes, queden libres de toda sospecha.
Si, por el contrario, la denuncia no fuese cierta, proceda la Fiscalía como corresponda conforme a Ley.
Pero, si a pesar de nuestra confianza de que será así, no hubiera abierto Diligencias de averiguación en relación con los hechos denunciados públicamente, le instamos a que la haga a la mayor brevedad posible, permitiendo entrar en el fondo y conocer si existe la trama denunciada o si la trama es otra muy distinta y con distinta finalidad. En todo caso, pero especialmente en este último, sería muy conveniente, por el bien de la ciudad, conocer qué o quién se esconde detrás del anonimato. No podemos permitir, o al menos esa es nuestra opinión, que en asuntos de tanta trascendencia y repercusión social haya un "tapado" que mueva hilos desde el anonimato.