Competencia abre expendientes a la industria alimentaria

La Comisión Nacional de la Competencia abrió ayer una serie de expedientes sancionadores contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaria, tras observar una tendencia alcista del precio de determinados alimentos básicos a mediados del pasado año y después de que diversas asociaciones de consumidores denunciaran estos hechos.

Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de "acuerdos explícitos" entre productores y comercializadores para elevar los precios, en el comunicado que hoy ha remitido considera que, a tenor de las investigaciones hechas hasta la fecha, estas asociaciones podrían haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia.

En concreto, la Comisión cree posible que las patronales alimentarias hayan incumplido el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia, por el que se prohíbe todo "acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela", que pueda "impedir, restringir o falsear la competencia".

Por ello, ha abierto expedientes sancionadores a la Federación de Industrias Alimentarias y de bebidas (FIAB), así como a varias asociaciones dependientes de la misma como la Asociación de Fabricante de Harinas y Sémolas de España (AFHSE), la Federación de Asociaciones del Dulce (FEAD), Asociación Española de Fabricantes de Helado (AEFH), Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca (PPM), Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (CHOCAO), Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (AEFPA), y la Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados.

También ha abierto expediente a la Organización Interprofesional de la Avicultura de la Carne de Pollo, PROPOLLO; a la Organización Interprofesional del Huevo y sus productos IMPROVO y a la Asociación de fabricantes de Pan del Principado de Asturias.

En un plazo máximo de 18 meses la CNC tendrá que instruir los expedientes y resolver si las asociaciones han incurrido en un delito de falta de competencia.

Tanto la Unión de Consumidores de España (UCE) como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) valoraron esta actuación de la CNC, que consideran también responde a sus denuncias sobre concertaciones de subidas de precios alimentarios, y recordaron que las sanciones por incumplir la Ley de Competencia pueden ser "millonarias".

Y es que como ha recordado la Comisión, las acciones de las asociaciones "se consideran también acciones de sus asociados" según la legislación española y comunitaria.

Así, si la Comisión concluye que las patronales alimentarias han vulnerado la ley, puede imponer multas por hasta el 10 por ciento de la facturación de los negocios de estas organizaciones -en caso de infracción muy grave- o del 5 por ciento -en caso de infracción grave-.