Andalucía propugna criterios de gestión integrada en la autorización de productos fitosanitarios

Andalucía considera conveniente que se apliquen criterios de gestión en producción integrada a los productos fitosanitarios autorizados. Este es uno de los argumentos que defiende la comunidad ante la modificación del reglamento comunitario sobre comercialización de productos fitosanitarios. La propuesta comunitaria ha sido analizada por el Consejo Consultivo de Política Agrícola, celebrado en Madrid bajo la presidencia de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y al que ha asistido el consejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler.

El reglamento comunitario que está siendo debatido por la Comisión pretende encontrar un equilibrio entre salud pública y medio ambiente, garantizando la competitividad de la agricultura. Sobre este asunto, Martín Soler ha expuesto que desde la Comunidad andaluza "entendemos que la aplicación de unos criterios restrictivos sobre la sustitución de fitosanitarios puede provocar la eliminación de facto de sustancias activas que pueden tener interés en el control de plagas y en la disminución de competitividad de las explotaciones".

El consejero ha subrayado los aspectos positivos de la propuesta comunitaria como el hecho de que la autorización de un producto por parte de un Estado integrado en una de las tres zonas agronómicas en que se divide el territorio de la UE se hará extensible automáticamente a los países incluidos en la misma zona. España, Grecia, Portugal, Francia y Malta conforman una de estas zonas. Por el contrario, en el lado negativo se encuentra el criterio de la Comisión de reducir estas materias activas toda vez que ello supondría un riesgo de pérdida de competitividad respecto a Terceros Países.

Los argumentos de Andalucía se basan en una mayor rotación de materias activas para evitar la aparición de resistencias. Asimismo, cuanto mayor sea el número de materias activas más difícil es encontrar productos que sobrepasen el LMR (Límite Máximo de Residuos) en productos.

Otra de las problemáticas para la agricultura andaluza es que hay productos fitosanitarios en los que las empresas fabricantes muestran una total falta de interés comercial a la hora de ampliar sus autorizaciones a los cultivos menores (hortícolas, flor cortada y algunos frutales). Desde Andalucía se considera necesario articular en estos casos un procedimiento de autorización simplificado, impulsado por entidades y/o administraciones responsables.

Martín Soler ha recordado que en Andalucía se está trabajando desde hace tiempo en el desarrollo de métodos agrarios respetuosos con el medio ambiente, como la agricultura ecológica y el control de lucha integrada. Ambos sectores han seguido creciendo hasta rozar las 600.000 hectáreas en el caso de la agricultura ecológica y cerca de 12.000 hectáreas en lucha biológica.

Cambio climático

Sobre el cambio climático, otro de los temas analizados por el Consultivo, y del que Andalucía ya cuenta con un Plan para mitigar los efectos, el representante del Gobierno andaluz ha señalado que ésta será una región especialmente afectada, con especial incidencia en el déficit hídrico, aumento de las temperaturas e incremento de la erosión, entre otros efectos. Para evitarlo, es urgente disponer de resultados de investigación específicos que puedan transferirse al sector y aplicarlos inmediatamente.

Asimismo, se debería mejorar la cooperación entre los Estados en materia de investigación sobre el cambio climático, para lo cual habría que contar con un Sistema de Información eficiente, capaz de ofrecer datos de efectos e impactos en las zonas más vulnerables de Europa. También habría que mejorar la transferencia de conocimiento empleando para ello las medidas existentes de la PAC, centrada principalmente en los Servicios de Asesoramiento dedicados casi en exclusiva a la aplicación de la condicionalidad.

Por último, Martín Soler ha trasladado la postura andaluza que considera que sólo parte de las actividades de investigación, desarrollo e innovación, que aún son necesarias en relación con el cambio climático, pueden recibir financiación a través del Plan de Desarrollo Rural. Del mismo modo, ha defendido un aumento de recursos en materia de investigación y transferencia de conocimiento sobre el efecto del cambio climático en la actividad agroganadera.