La Junta destinará más recursos para ayudar a los municipios a adaptar sus planes urbanísticos

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha anunciado tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía prestará más apoyo a los ayuntamientos para que puedan adaptar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). En este sentido, Espadas explicó que el objetivo es elaborar un 'plan de choque' que, a lo largo de 2008, sirva para incrementar el apoyo técnico a los municipios -especialmente los más pequeños- e intensificar la colaboración "sobre el terreno".

"Esto se concretaría en mayores recursos económicos para financiar los planes urbanísticos, y sobre todo, en más recursos humanos", añadió. Así, explicó que, entre otras medidas, se culminará la red de oficinas de apoyo al planeamiento para alcanzar las 40 -actualmente son una veintena- y se intensificará la colaboración de la Junta con las Diputaciones provinciales.

Espadas también se refirió a la aprobación, "en las próximas semanas" de un Decreto, por parte del Consejo de Gobierno, para simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la actualización de los planes de desarrollo urbano y la agilización de los plazos previstos en la normativa.

"Nuestra intención es que en los próximos meses cambie radicalmente la situación, ya que actualmente son 60 de los 770 municipios andaluces los que tienen adaptados sus planeamientos", aseguró.

Por otra parte, en relación a la oferta realizada por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, a los promotores inmobiliarios para reconvertir la vivienda de renta libre en vivienda protegida, Espadas quiso aclarar que son los empresarios los que tienen que pronunciarse ahora acerca de cuántas viviendas son las que podrían recalificarse y en qué lugares se encuentran.

"La idea es que los promotores que tengan viviendas de renta libre construidas o en construcción en stock y que tengan un precio superior, aunque cercano a los máximos establecidos para las viviendas protegidas -unos 170.000 euros-, bajen los precios para poderlas colocar en el mercado", señaló el consejero.

Según indicó Espadas, esta medida beneficiará a los andaluces que necesitan una vivienda, pero también "aliviará la crisis financiera, incrementará el empleo, y hará que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, logren vender sus productos".