Espadas resalta las medidas de vivienda

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha asegurado que las medidas que la Junta de Andalucía están poniendo en marcha en materia de vivienda están sirviendo para "avanzar en el objetivo de garantizar el acceso a la ciudadanía a una vivienda digna a precios asequibles" y ha defendido que estas medidas tienen "una incidencia directa en la reactivación del sector de la construcción, y más concretamente en el mercado de la vivienda protegida".

En una comparecencia parlamentaria, Espadas ha desgranado las últimas tres medidas económicas que expuso la semana pasada a los agentes económicos y sociales y que tienen como principal objetivo, por un lado, facilitar el acceso a la vivienda habitual a familias con problemas para obtener la financiación necesaria, y por otro, dinamizar la actividad promotora, mediante ayudas que permitan desbloquear promociones de VPO y de fórmulas financieras que den salida al stock de inmuebles construidos sin vender en Andalucía.

La primera de estas medidas consiste en la adquisición de VPO con problemas de financiación de sus adquirentes para destinarlas al alquiler con opción a compra a 10 años. Para ello, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) se comprometerá a adquirir las viviendas de aquellas promociones consideradas viables pero en las que exista un porcentaje de adquirentes que no tienen acceso a la financiación. En esos casos, la Junta de Andalucía, ejerciendo como propietaria, las ofrecerá a estos ciudadanos en régimen de alquiler con opción a compra a diez años.

Bajo esta fórmula del alquiler con opción a compra, el ciudadano obtendrá una doble ventaja. En primer lugar, se garantiza que el precio de la vivienda se mantendrá estable durante los diez años en los que dura la opción del alquiler, a pesar de que la norma en Andalucía permite incrementar el valor 1,5 veces. Al mismo tiempo, la cuota mensual de alquiler destina una parte a la amortización de la hipoteca.

A modo de ejemplo, una vivienda que a día de hoy cueste unos 110.000 euros y que sea calificada para alquiler con opción a compra a diez años mantendría este mismo precio una vez transcurrido este periodo y requeriría de un alquiler mensual de unos 324 euros. De esta cantidad, en torno a 97 sería el alquiler real, mientras que los 227 euros restantes servirían para amortizar el pago de la vivienda, de manera que tras los diez años de alquiler el precio restante a pagar estaría situado en torno a los 84.000 euros.

La segunda medida explicada en el Parlamento incide sobre la adquisición de viviendas libres destinadas a convertirse en residencia habitual. En este caso, y tras una convocatoria pública que determine el stock real de inmuebles sin vender, se arbitrarán productos financieros específicos que facilitarán de forma temporal el pago de los préstamos hipotecarios a los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos. En este caso, las viviendas tendrán que cumplir una serie de requisitos, como un valor máximo establecido de 200.000 euros, aunque el precio de venta a los ciudadanos será el valor de la hipoteca concedida para su construcción; una superficie que oscilará entre los 60 y los 120 metros cuadrados; y la obligación de que el adquirente no tendrá que pagar entrada.

La tercera medida está enfocada hacia aquellas familias que se encuentran en riesgo de perder su residencia habitual porque las dificultades económicas que atraviesen les impidan hacer frente a los préstamos hipotecarios. En este caso, la Junta de Andalucía impulsará actuaciones excepcionales de carácter social para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, siempre que se cumplan unos requisitos, como el nivel de renta de las familias o la acreditación del riesgo de desahucio.

Adaptación del Plan Concertado

En su comparecencia, el consejero de Vivienda ha recordado igualmente otra serie de actuaciones puestas en marcha para mejorar el acceso a la vivienda de las familias con menores recursos. Es el caso de la adaptación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo al Plan Estatal, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno. Esta adaptación incluye medidas para garantizar que al menos una cuarta parte de la reserva obligatoria de VPO esté destinada a familias cuyos ingresos no superen los 18.000 euros anuales, así como para mejorar las condiciones de acceso a una vivienda protegida para familias numerosas o aquellas que tengan algún miembro en situación de dependencia.

En la misma línea, el Decreto de adaptación aprobado por el Consejo de Gobierno incluye líneas de financiación para los promotores, tanto públicos como privados, que urbanicen suelo para la construcción inmediata de vivienda protegida o que pretendan empezar la edificación de forma inminente. En ambas líneas de financiación, es imprescindible que el promotor dedique dos terceras partes de las viviendas protegidas a familias que no superen los 25.000 euros de ingresos anuales.

Juan Espadas ha recordado igualmente que a lo largo de este último año se han desarrollado otras iniciativas que han incidido de manera directa e indirecta en el sector. En este sentido, ha mencionado las políticas de suelo orientadas a la obtención de suelo urbanizado para la construcción de vivienda protegida; la política de urbanismo y de ciudades que ha permitido la adaptación a la LOUA de 169 municipios y la identificación de suelos con capacidad para 61.586 viviendas; o la ordenación territorial, que ha otorgado un fuerte impulso a la planificación de las áreas metropolitanas y el litoral andaluz.