El sector público se une para defender una gestión del agua eficaz y transparente

Lo que se ha dado en llamar el “Manifiesto de Córdoba” es el primer resultado visible de la incipiente Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, que hoy ha congregado en Córdoba a más de cincuenta representantes de distintas empresas públicas, mancomunidades, consorcios, sindicatos, consumidores y grupos de la sociedad civil procedentes de toda España.

En un momento en que la gestión del ciclo integral del agua está sometida a numerosas tensiones e incertidumbres, desde el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y desde la empresa pública de aguas de la provincia de Huelva, Giahsa, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medo Ambiente, se ha impulsado la creación de esta nueva Asociación, cuyos principales ámbitos de actuación serán la defensa de un modelo público de gestión para el ciclo integral del agua y la participación en líneas de cooperación al desarrollo.

“El agua es un derecho, no una mercancía”, es una de las ideas más reiteradas a lo largo de este primer encuentro. De hecho, entre los acuerdos alcanzados por los participantes se encuentra una resolución conjunta a la que se ha denominado “Manifiesto de Córdoba”, en el que se expresa que “como derecho fundamental que representa, el agua ha de estar alejada de los intereses comerciales que controlan el mercado”.

En este sentido, la nueva asociación entiende que la gestión “debe ser responsabilidad pública e integrar a operadores, usuarios y sociedad civil para hacerla más eficiente, transparente y participativa”. Este modelo público, afirma el texto consensuado “contribuye a homogeneizar y estandarizar los servicios prestados la ciudadano”.

Entre los fines que se marca la asociación se encuentran la cooperación, coordinación y asistencia entre los operadores públicos, tareas que “evitarán el incremento de las desigualdades sociales producidas en torno al agua, fomentando la transparencia incluso hacia empresas privadas que participen en la gestión mediante asistencias técnicas o contratación de servicios”.
En definitiva, se propone desde la Asociación un modelo basado en la responsabilidad que recae sobre los gestores públicos y en el que tengan cabida todos los agentes que intervienen en la gestión del ciclo integral del agua, siempre “en un marco institucional fuerte y mediante contratos transparentes.

Para su desarrollo, la Asociación ha elaborador un borrador de estatutos, que deberán aprobar los miembros que quieran integrarse en ella. De este modo, los impulsores de esta nueva entidad de defensa de la gestión pública del agua confían en que en el mes de septiembre la Asociación Estatal de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento esté plenamente operativa, dotando al sector público de aguas de una voz “unificada y cualificada”.