Andalucía -al igual que la gran mayoría de las regiones- sigue dependiendo sobremanera del Estado para completar su financiación. La comunidad andaluza es la autonomía española que más dinero ha recibido de la Administración central entre los años 1999 y 2004, últimos datos contabilizados en su estadística oficial por el Ministerio de Economía. Por cada habitante -con una población que roza los 7,2 millones de ciudadanos-, Andalucía percibe 2.155,1 euros.
Según los informes, las administraciones autonómicas en general -y la andaluza en particular- no han hecho sus deberes y, a pesar de la capacidad normativa creciente que el Ejecutivo central les ha ido dando para establecer sus propios tributos -y con ello recaudar más para afrontar sus cada vez mayores gastos-, los ingresos obtenidos por esta vía apenas suponen un 2% de lo que obtienen por el sistema de financiación vigente, que para muchas ha resultado acomodaticio.
Por contra, los recursos que las comunidades han recibido del Estado en los últimos años han crecido una media de casi el 40%, lo que supone un avance anual cercano al 8%, superior en cualquier caso al incremento nominal de la economía, hasta alcanzar en 2004 una cifra de 2.138,3 euros por habitante, 600 euros más que en 1999.
Entre 1999 y 2004, los fondos que recibió Andalucía de las arcas públicas por cada uno de sus ciudadanos aumentaron un 44,6%, seguidos del 43,6% que lo hicieron los de Asturias y el 42,8% de los de Madrid. Otras cuatro autonomías más lograron subidas superiores a la media nacional: Castilla y León (41,6%), Comunidad Valenciana (41,2%), Galicia (40,5%) y Extremadura (40,5%). La otra mitad de los territorios (Cataluña, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha) se situaron hasta dos puntos por debajo de ese avance.
Diferencias
Las diferencias fueron bastante mayores en los casos de los dos archipiélagos -Canarias (24,8%) y Baleares (24,5%)-, cuyos ingresos crecieron 15 puntos porcentuales menos que la media. Por su parte, La Rioja (32,7%) y Murcia (36,4%) registraron incrementos moderados. Curiosamente, el territorio riojano, junto al cántabro, con una financiación de 2.588,7 euros y 2.539 euros por habitante, resultaron los que mayores cuantías obtuvieron del Estado entre las 15 comunidades de régimen común.
Otras ocho comunidades también obtuvieron una asignación superior a la media por cada uno de sus ciudadanos: Extremadura (2.368,2 euros) Castilla y León (2.337,3), Aragón (2.303,8), Galicia (2.231,8), Asturias (2.209.9), Castilla-La Mancha (2.182,2), Cataluña (2.171,3) y Andalucía (2.155,1). Sólo en una tercera parte de las autonomías los recursos obtenidos estuvieron por debajo del nivel nacional: Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia y Baleares.
Donde no existen tantas diferencias territoriales es a la hora de desarrollar una política de recursos propia, pues todas las comunidades presentan resultados deficientes conforme a su elevado nivel de gastos. Así, desde 1980 sólo han creado medio centenar de impuestos propios (a razón de dos por año), eso sí, excluidos las tasas y recargos sobre tributos ya establecidos. La mayoría de esos nuevos gravámenes estuvieron relacionados con el medio ambiente, al penalizar el consumo excesivo de agua, los residuos, las emisiones contaminantes u otro tipo de acciones nocivas.
Los ingresos que las autonomías reciben por sus impuestos propios -que han provocado casi una veintena de pleitos competenciales con el Estado- apenas suponían un 1,6% del total de los tributos cedidos, y un 2% si se comparan con todos los recursos financieros que les ofrece el sistema vigente. Andalucía, con seis, figura entre los territorios que más gravámenes han creado en los últimos 25 años.