Los que ha sufrido el Gobierno dos días antes de dar carpetazo a esta legislatura. El primero, del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dictamina la sentencia que se puede objetar contra la asignatura Educación para la Ciudadanía. Y la sentencia razona la decisión suficientemente. El segundo, que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha sancionado a España por vulnerar la legislación comunitaria al imponer una serie de condiciones ilegales a la fallida OPA de E.On sobre Endesa. Un buen entendedor, tendría que tomar nota de dos mensajes. 1) Que en ciertas materias hay que legislar con cautela, con mucho consenso, con sentido común, y respetando a los ciudadanos; y que en ciertos temas que afectan a la formación de los españoles y que afectan al ámbito de la familia, hay que hilar muy fino y no pretender más de lo que es el deber de un gobernante. 2) Que un gobierno, por muy sustentado que esté en las urnas, no puede intervenir de cualquier manera, con condiciones arbitrarias,  y saltarse con ligereza la legislación comunitaria. Las reacciones de algunos dirigentes políticos no parecen demostrar que estén dispuestos a aceptar la lección. Pepito Grillo