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Juez imputa a FCC por el pago de 82 M€ de comisiones por obras del metro de Panamá

fcc juez panamá

Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que imputa como persona jurídica a FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica SA. y Construcciones Hospitalarias SA. Estas tres mercantiles disponen de cinco días para designar un representante, así como abogado y procurador.

Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017, a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, el juez incluye en su escrito el relato de la Fiscalía Anticorrupción que describe cómo sus tres mercantiles investigadas constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht liderado por la brasileña, para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Facturas infladas en la compra de acero

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y  en facturarlo al doble de su precio.

De esta forma, se obtuvieron los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá. El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el  aviso realizado por un banco de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

En mayo y junio, la multinacional española FCC presentó dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados. FCC aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

FCC no aplicó ni activó protocolo para evitar los hechos delictivos

Después de analizar toda la documentación que obra en la causa el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales (art. 286 ter CP) y blanqueo de capitales (art. 301 y 302.2 CP).

El juez explica que la denuncia portada por FCC CO pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.

Los exdirectivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma “debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.

“Estas personas -añade el magistrado- que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”.

Todo ello, según el auto, revela indiciariamente “que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente  a la libre y recta competencia en la contratación internacional”.

Por todo ello el instructor concluye que las tres mercantiles de FCC “deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal” porque “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”.