La «teoría del complot» que el propio alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha puesto en circulación en los últimos días, apoyado por la portavoz de IU, Paula Garvín, ha motivado sorpresa primero, incredulidad después y enfado para concluir en el empresariado sevillano.
Según ha esbozado el alcalde, las denuncias de las facturas falsas respondería a una conspiración urdida por empresarios especuladores de la ciudad para generar inestabilidad política e impedir la aprobación del PGOU, actualmente en su fase final.
Monteseirín sitúa en el centro de la trama a los actuales propietarios de Tablada, aunque Garvín ha ampliado el espectro del supuesto complot para incluir también a la empresa Sevillana Endesa, presumiblemente por la oposición de su partido a la central térmica de Punta del Verde. Es decir, el contubernio conspirativo sería en realidad una plataforma polivalente que aglutinaría a cualquier interés aparentemente contrario a las posiciones del Gobierno local.
Esta teoría delatora ha sorprendido extraordinariamente tanto a los directamente afectados como al resto del empresariado sevillano, un tanto atónito ante las elucubraciones de los máximos dirigentes políticos de la ciudad. Los únicos que han respondido públicamente, no obstante, han sido los promotores de Tablada, que han negado las acusaciones y han mostrado su malestar con las afirmaciones del alcalde.
Así, la Agrupación de Interés Económico (AIE) Tablada Híspalis, propietaria de los terrenos de la Dehesa de Tablada, negó «categóricamente cualquier tipo de injerencia, intervención o influencia en el discurrir de la vida política municipal de la ciudad».
Tablada Híspalis rechazó también «cualquier tipo de maniobra dirigida a provocar la alteración de decisiones o actuaciones emanadas de los órganos de poder legítimos» y lamentó «profundamente que haya de emplearse el manido y desfasado recurso de atribuir al tejido empresarial intereses oscuros y contrarios al bien común o tramas organizadas, por cuanto que tal recurso va en contra de los tiempos, de la percepción de la ciudadanía y del discurso de todos los gobiernos avanzados del mundo».
Los propietarios de Tablada indicaron también que «las únicas actuaciones» que la AIE lleva a cabo respecto a los terrenos «han sido dirigidas a defender, en las instancias que nuestro sistema jurídico dispone, la idoneidad y viabilidad de un proyecto que creemos beneficioso para la ciudad».
No son los únicos molestos. En Sevillana Endesa causó ayer estupor las declaraciones de Garvín en la que señalaba que a esta empresa, «a la derecha y a los intereses especulativos» no les interesaba el actual Gobierno. Por otro lado, varios empresarios han expresado su malestar a la CES, aunque esta organización no contempla avivar una polémica que considera estéril.
