Para encargarles la elaboración de proyectos, consultorías y otros trabajos

La diputada de Hacienda y Concertación de la Diputación de Sevilla, M.ª Regla Martínez,  ha formalizado este jueves la propiedad del título accionarial que convierte a la Institución Provincial en accionista de las sociedades mercantiles Tragsa y Tragsatec, entidades de capital social íntegramente público.

Esta firma se ha celebrado en un acto desarrollado junto al presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Miguel Ángel Riesgo, y de la directora de Coordinación y Acciones Institucionales del Grupo Tragsa, Paloma López-Izquierdo. Con ello, la Institución Provincial queda habilitada, a partir de ahora, para realizar encargos a las citadas sociedades para la elaboración de proyectos, consultorías y otros trabajos enmarcados en el objeto social de este Grupo.

La Diputación de Sevilla se suma con esta participación accionarial a otras instituciones provinciales, como Córdoba, Huelva y Jaén, para poder hacer uso de los servicios de estas empresas públicas como medio propio instrumental. La posibilidad de que las diputaciones provinciales pasen a formar parte del accionariado del Grupo Tragsa se produce en el marco de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en vigor desde marzo de 2018 y que transpone la norma europea en materia de contratación pública, que establece la necesidad de que diputaciones provinciales y forales, así como cabildos y consejos insulares participen en el capital social de Tragsa, para poder realizar encargos.

M.ª Regla Martínez ha valorado como “un gran avance dentro de la necesaria coordinación y cooperación entre las administraciones públicas la posibilidad abierta por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un apoyo indiscutible para todo el ámbito de la Administración Local que necesita del máximo respaldo por cuanto que hace frente, a diario y en primera línea, a las demandas de la ciudadanía”.

El Grupo Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Sector Público. En lo que se refiere a su accionariado, compuesto a día de hoy por 52 accionistas, el accionista mayoritario es la SEPI (51%), seguido del FEGA (39%), la Dirección General de Patrimonio (10%) y el resto de las 17 comunidades autónomas; las ciudades de Ceuta y Melilla; siete cabildos insulares de Canarias; los consejos insulares de Mallorca, Ibiza y Formentera; la Diputación Foral de Álava, y 19 diputaciones provinciales, que cuentan cada una de ellas con una acción, y entre las que ahora se encuentra la Diputación de Sevilla.