En todas las economías desarrolladas que se precien, uno de los principales pilares de su política deben ser la competitividad y la modernización. La economía y sociedad andaluza siguiendo esta filosofía se ha planteado el reto de su segunda modernización, materializada principalmente a través del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA), en la que uno de sus ejes vertebradores es la política en investigación y desarrollo.
Aunque la empresa y la sociedad privada en general deben realizar una apuesta decidida por la investigación y desarrollo, es la Administración Pública la que debe de dar un ejemplo en éste campo acercándose a los niveles medios de la Unión Europea en gastos públicos en educación para la investigación y desarrollo, entorno al 1,5 del PIB.
Es por ello, que en el presente artículo me gustaría reflexionar sobre los problemas y barreras que tiene la investigación, y que deben ser el reto de la Administración Pública, centrándome en cuatro ejes:
1. Las Universidades. Por definición, las Universidades además de centros docentes, deben de ser la principal institución donde se marque la investigación de un país. Pero para ello se hacen necesarios medios para llevarla a cabo: personal, infraestructuras, material y presupuestos. Con respecto al personal teóricamente el profesorado a la hora de su promoción profesional debe de acreditar una serie de méritos relacionados con la investigación. Pero en la práctica, en los concursos oposición, éstos pasan a un segundo plano muy por debajo de los méritos docentes y otro tipo de méritos relacionados con la política de cada facultad, departamento o cátedra. Por otra parte, en los concursos de becas de investigación, tampoco se priman en su justa medida los méritos objetivos, dejando un margen bastante considerable a las opiniones del departamento de turno y por lo tanto a la endogamia de la Universidad. Además, muy rara vez se consigue un contrato laboral por parte de un investigador, teniéndose que conformar éstos con becas de investigación carentes de ningún derecho social y dependientes de un proyecto concreto. Circunstancia que obliga a éstos a abandonar la carrera investigadora para dedicarse profesionalmente a otros menesteres. Otra contradicción laboral en la que entra la universidad es la exigencia de incompatibilidad a su personal docente para poder cobrar proyectos de investigación, desincentivando a éstos o simplemente obligándole a realizar raros artificios para poder cobrar lo que les corresponde por su trabajo. Además de personal investigador, también son necesarias infraestructuras, medios y presupuestos para llevar a cabo los proyectos. Y no hay más que pasarse por cualquier centro universitario para darse cuenta de la escasez de laboratorios e instrumental. También existen trabas burocráticas y los organismos de la Universidad dedicados a la potenciación de la investigación y la trasferencia tecnológica, en ocasiones se plantean los proyectos como un negocio, quedándose con altos porcentajes de los presupuestos de los proyectos que se consiguen, en vez de potenciarlos.
2. Las fuentes estadísticas. Los datos estadísticos son de especial importancia sobre todo para las investigaciones sociales y sanitarias. Es por ello, que un buen sistema de información estadístico debe de ser uno de los principales retos que deben de plantearse las diferentes Administraciones Públicas. En este sentido, todavía quedan problemas por resolver: inexistencia de informatización de muchos padrones municipales, falta de publicaciones periódicas y actualizadas por parte de las Diputaciones Provinciales, descoordinación entre fuentes de diversas Administraciones que intentan recoger los mismos datos, existiendo duplicidad de esfuerzos y confusión en los resultados especialmente entre los institutos autonómicos y nacional, dificultades de acceso a la información e incluso cobro de los datos de forma abusiva sobre todo por parte de organismos públicos.
3. La coordinación e implicación. Desde la Administración se hace necesario un impulso para la coordinación e implicación de Centros de Investiga-ción, Universidad, empresas, instituciones, y cajas de ahorro, cuyas fundaciones deben de implicarse en éstos procesos. Aunque siempre hay que respetar los derechos comerciales y las patentes resultado de las investigaciones, la competencia no está reñida con la colaboración y la transparencia.
4. La investigación básica. Pero si queda por hacer en la investigación aplicada, todavía los medios son más escasos en lo que es la investigación básica. Es decir, aquellos proyectos que aunque no tienen una aplicación directa, sus resultados son necesarios para avanzar en la ciencia y en el aprendizaje. Es por ello, que este tipo de investigación debe de ser asumida directamente con fondos públicos y ser distribuida con la máxima transparencia. En definitiva además de un esfuerzo presupuestario, pues somos de los últimos países de la UE antes de la ampliación en gasto público en I+E, debemos de plantearnos una política de investigación clara y decidida, porque todavía queda mucho camino por recorrer para converger con Europa en este factor tan importante para nuestro desarrollo y que esperamos se solucione con el PIMA y la voluntad de nuestros gobernantes.
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