Por Juan Rodríguez García
Profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y Administración Pública de Jerez
(Universidad de Cádiz)

El pasado 26 de junio, los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo para reformar la Política Agrícola Común (PAC), que intenta cumplir un doble objetivo: a) Garantizar un marco jurídico y financiero estable a la agricultura y ganadería comunitarias y b) Permitir a la UE cumplir las condiciones que tendrá que asumir con carácter imperativo, en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la próxima Conferencia Ministerial que se celebrará en Cancún el próximo mes de septiembre.

La PAC nace en 1957 con la firma del Tratado de Roma, en el que se constituyen las Comunidades Europeas (CE) y pretendía alcanzar dos objetivos fundamentales: a) Garantizar la seguridad alimentaria como consecuencia de la II Guerra Mundial y b) Asegurar un nivel de vida a la población rural similar al de la población urbana. Para ello se tratan de equipar los niveles de rentas, protegiendo y garantizando los precios de los productos agrarios comunitarios superiores a los del mercado internacional.

Estos objetivos exigían una financiación para lo cuál se creó un fondo comunitario: el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola). Este consta de dos secciones: Feoga Garantía encargado de desarrollar la Política de Precios y el Feoga Orientación encargado de financiar la Política de mejoras de las Estructuras Agrarias.

Con el transcurso del tiempo los dos objetivos previstos en su origen por la PAC se han cumplido parcialmente. El primero de ellos es el abastecimiento alimentario, el cual se ha logrado sobradamente, creando serios problemas de excedentes agrarios y de costes de financiación. El segundo objetivo nunca se ha llegado a conseguir del todo debido a las características de la propia PAC, ya que el 80 % de las ayudas agrarias las perciben sólo el 20% de los agricultores.

Debido a estos problemas y después de intensos debates sobre la reforma de la PAC que se producen en la década de los 70 y 80, en 1992 la UE llega al acuerdo de reformar su política agraria, denominándose ésta como reforma Masharry y pretendía atender a los siguientes objetivos: a) Disminuir los excedentes agrícolas para lo cuál se procede a ir sustituyendo paulatinamente las ayudas a los precios por un sistema de ayudas directas al agricultor; b) Eliminación de las exportaciones subvencionadas que son imposibles de mantener como consecuencia de los acuerdos de liberalización de comercio mundial posteriores a los acuerdos del GATT de 1994; c) Redistribuir mejor las ayudas entre los agricultores, objetivo muy parcialmente conseguido debido a las presiones en contra de los agricultores más favorecidos; d) Destinar parte de las ayudas a objetivos medioambientales a través de dos programas o medidas de acompañamiento: programa agro ambiental y programa de reforestación de tierras agrarias y e) Incrementar las ayudas para mejorar las estructuras agrarias, todavía muy minifundistas y poco competitivas en el mercado internacional.

Proteccionismo agrario en el mundo
(Subvenciones directas pagadas a los agricultores en 2001*. En millones de euros)

Países
Unión Europea 103.937
EE.UU. 54.715
Japón 52.750
Corea 18.801
México 7.299
Suiza 4.706
Canadá 4.386
Noruega 2.427
Polonia 1.616
Australia 923

Nota:* Representa el valor total de las transferencias de consumidores y contribuyentes a los productores en relación con las políticas agrícolas. Basado en la tasa de cambio de divisas de diciembre de 2001.
Fuente: Investigaciones WSJE y OCDE

En 1999 se aprueba en la cumbre de Berlín, bajo el nombre de Agenda 2000, una congelación del gasto agrícola para dejarlo en 40.500 millones de euros anuales (ello representa el 50% del presupuesto comunitario) más un incremento del 2% anual para compensar la inflación. Al capítulo de desarrollo rural (Programas LEADER y PRODER) se le otorga una dotación adicional de 14.000 millones de euros. En definitiva, el objetivo último de la reforma se encuentra en impulsar un proceso de transformación desde la PAC actual hasta la futura PARC (Política Agraria y rural común).

Las principales líneas filosóficas que impregnan la reforma de la PAC acordada por la UE el 26 de junio en Luxemburgo son que las ayudas a la agricultura ya no incentivarán como hasta ahora la producción sino al medio ambiente y a la calidad de los alimentos. Se intentará mantener el tejido social en el campo a través del desarrollo rural (LEADER+ PRODER 2), se simplifica la burocracia de las ayudas y se limitan los ingentes subsidios, de los que pronto se beneficiarán los nuevos socios de la Unión (Pecos).

Del planteamiento inicial de la Comisión Europea (CE) y en concreto, del Comisario de Agricultura Fischler de imponer el “desacoplamiento total” en toda la agricultura europea comunitaria se pasó a un “desacoplamiento parcial”. Esto significa que de ahora en adelante la UE dejará de subvencionar la producción y de pagar, en consecuencia, en función de la cantidad producida de producto agrario del que se trate (principio inspirador de la PAC desde su nacimiento) sustituyendo esas subvenciones por pagos directos a los agricultores, en función de las hectáreas de terreno explotadas. Estos pagos por hectáreas son diferentes según lo producido en ellas históricamente y guardan
correspondencia con los pagos reales que han recibido los agricultores en el pasado. Traducido a un lenguaje más asequible, de los 36.740 millones de euros que suponen las ayudas comunitarias a los agricultores vinculadas a la producción, tras la reforma, al menos 25.940 millones de euros deberán desconectarse, y sólo, podrá vincularse a la producción ayudas por importe de 11.800 millones de euros.

El objetivo, por tanto, deja de ser el de incentivar la producción, por medio de precios fijados artificialmente altos, para pasar a ser el de subvencionar la actividad agraria, en función de las hectáreas en explotación.

Con este planteamiento se quiere evitar la sobreproducción de cualquier producto, que el precio de cada producto agrario sea el que decida el mercado, en función de la oferta y demanda y beneficiar a los consumidores comunitarios con una previsible caída de precios de la mayoría de productos agrarios con precios regulados.

Principales medidas de la reforma de la PAC

 Introducción de ayudas desvinculas a la producción. Las ayudas que se pagan según la producción son sustituidas por una prima única a la hectárea o explotación basada en un periodo de referencia entre el año 2000-2002. Entra en vigor en el 2005 pero se puede aplazar hasta el 2007.

 Modulación: Reduce los pagos directo para reforzar medidas de desarrollo rural. Se aplica a los productores que reciben ayudas por más de 5.000 euros. Se excluyen las regiones ultraperiféricas como Canaria.

 Disciplina financiera: Se aplicará desde el año 2007. El presupuesto está congelado entre el año 2007-2013. Si la diferencia entre el presupuesto y las ayudas directas es superior a 300 millones de euros, se aplicarán recortes.

 Cereales: Se mantienen los precios de intervención (menos el centeno) y caen un 50 % las actualizaciones

 Forrajes desecado: Las ayudas se reparten entre agricultores e industria El apoyo directo a los productores se integra dentro de la desvinculación, según las entregas históricas a la industria.

 Arroz: La actual “superpenalización” por superación de superficie se sustituye por una sanción proporcional. Se mantienen el régimen de intervención clásica a un precio de 150 euros por toneladas La ayuda sube a177 euros/tm.

 Frutos secos: Ayuda comunitaria de 120 euros/ha para 800.000 ha de superficie, ampliable por los países.

 Leche: Prórroga del sistema de cuotas hasta el 2014-2015. Recorte del precio mínimo en mantequilla del 7 % de 2004 a 2006 y del 4 % en 2007. Recorte del 5 % en el precio de la leche en polvo de 2004 a 2006.

 Cuidado del medio ambiente: Los agricultores podrán mantener su nivel de subsidios si respetan el medio ambiente, el bienestar animal, la calidad alimentaria y la seguridad laboral. Las infracciones supondrán recortes considerables, pues los países han logrado quedarse con la gestión del 25 % del dinero de las penalizaciones.

 Más dinero para el desarrollo rural: Es la gran apuesta que permite salvar el espíritu fundacional de la PAC sin incentivar producción y excedentes: mantener el tejido rural. Habrá dinero suplementario anual de 1.200 millones de euros.

 Otras reformas como la del aceite de oliva, tabaco y algodón se aplaza al otoño.

Desde el punto de vista financiero, según Arias Cañete, la agricultura española tras la puesta en marcha de esta reforma, que además anticipa algunas acciones diseñadas en la Agenda 2000 recibirá en el período 2005-2013 la cantidad de 2.750 millones de euros más que antes de la reforma, es decir, 305 millones de euros anuales más de media. Los capítulos más favorables son los relativos al desarrollo rural, arroz, leche y frutos secos. Además, se garantiza que las futuras reformas de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) de los productos mediterráneos (aceite de oliva, algodón y tabaco) se efectúen respetando las fichas financieras vigentes, lo que excluye a estos sectores de posibles recortes.

El saldo financiero para la agricultura andaluza, según la Consejería de Agricultura, de la reforma de la PAC supondrá un recorte de las ayudas que rondarán los 1.000 millones de euros hasta el año 2.013. Esta cifra representa una reducción entre el 6 % y el 7 % sobre lo que se recibe anualmente.

En principio Andalucía recibirá más fondos para llevar a cabo los programas de desarrollo rural y el arroz, así mismo se asegura las ayudas fijadas en la Agenda 2000 para el aceite de oliva, algodón y tabaco.

Una vez aprobada la nueva PAC, no existe marcha atrás y el agro andaluz (agricultores, cooperativas, industrias agroalimentarias y las distintas administraciones) tiene que adaptarse al nuevo entorno y empezar a profundizar sobre las líneas marcadas por la reforma, al igual que se hizo en 1986 cuando nos integramos en la CE. La experiencia acumulada por la agricultura andaluza en éstos últimos 17 años de integración, será un factor decisivo para que los posibles efectos negativos de la reforma se reduzcan al mínimo. La agricultura andaluza debe tender a producir menos productos básicos y a incrementar su transformación para vender productos más elaborados y con mayor valor añadido. La capacidad de adaptación de nuestros agricultores a la nueva PAC, junto con la colaboración de la Administración Central y de la Junta de Andalucía, y mediante las políticas de acompañamiento financiadas con los nuevos fondos disponibles para el desarrollo rural, harán posible que la agricultura andaluza siga su camino de modernización y competitividad creciente en un entorno globalizado.