La economía española terminó el año 2007 en una situación bastante inquietante: caída del ritmo de crecimiento y un fuerte aumento de los precios. Algunos economistas advierten que de prolongarse esta situación la economía española entraría en un proceso de estanflación. Las primeras semanas del 2008 han puesto de manifiesto que la situación de los mercados financieros, y en particular el español, continúa deteriorándose, y empieza a afectar de forma negativa a la economía real: mayor restricción en la concesión de créditos, subidas de tipo de interés (Euríbor), fuerte subida de los precios (inflación) y desconfianza de los agentes económicos. Esto está creando incertidumbre en el mundo empresarial y desconfianza y pesimismo sobre la marcha de la economía española.
La economía española ha dependido en exceso de la construcción residencial y en la actualidad las ventas de vivienda se han paralizado, con un estancamiento lógico de los precios. El escenario más optimista señala una pérdida de medio millón de empleos en la construcción en los próximos dos años. Así mismo el consumo de los hogares y de las familias ha descendido y empieza a afectar al crecimiento económico. Como botón de nuestra señalamos el descenso en los viajes y gastos turísticos de las familias como consecuencia de las subidas de los tipos de interés y de los precios energéticos y de los alimentos.
La crisis de las hipotecas basuras en EEUU ha arrastrado a las economías occidentales, en especial a la española, a un profunda recesión o crisis larvada de sus economías. Todas las crisis económicas surgen de algún exceso. Ésta, si es que ha llegado, sería hija de la abundancia de liquidez consentida por los bancos centrales, que han situado durante demasiado tiempo el dinero demasiado barato, y ha permitido con laxitud supervisora que en determinadas partes del mundo tomase créditos quien no tenía ni intención ni capacidad para devolverlos. Seguramente de esta crisis se sacará en claro una cosa: hace falta atar más corto a los tomadores de préstamos para impedir que la titulización del riesgo contamine, como lo ha hecho hasta ahora como una metástasis de consecuencias incalculables, el sistema financiero mundial.
Los fondos de inversión extranjeros han ido retirando su confianza en España a las inmobiliarias, a las constructoras y a los bancos, especialmente a aquellos que vivían del monocultivo doméstico de la actividad residencial. Esto ha generado una oleada de pesimismo sobre el futuro de la economía española que no se ha podido desterrar aún.
En paralelo, la banca mundial ha entrado en una parálisis de actividad por la falta de confianza entre los distintos bancos. Nadie se fía de la calidad de los créditos que conceden o ponen en el mercado interbancario sus iguales, lo que ha llevado a un encarecimiento del crédito y forzado a la intervención de los Bancos Centrales (Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana) a inyectar liquidez para mantener los tipos. Tal parálisis del crédito coincide con el fundado temor a una recesión en la primera economía del mundo (EE.UU.) y su repercusión sobre el resto del planeta.
Destacados economistas, pero sobretodo, Joseph Stiglizz, premio nobel de economía, apunta que los países desarrollados se encaminan hacia una desaceleración del crecimiento económico y aumento del paro, proceso denominado por los economistas como estanflación. El término fue acuñado con ocasión de la crisis económica que afecto al mundo en la década de los 70 del siglo pasado tras la continuada expansión de la posguerra (1945-1970) y se define por una situación caracterizada por la coexistencia de dos circunstancias aparentemente contradictorias: estancamiento e inflación, es decir, aumento del desempleo y alza de precio.
Esta inquietud económica y sus posibles soluciones se han convertido en una de las principales bazas de la precampaña electoral de los comicios del 9 de marzo. Y lo ha hecho en un momento de desaceleración tras 14 años en franco crecimiento en lo que se puede considerar el periodo al alza más largo de la historia económica contemporánea. Las dos fuerzas mayoritarias, PSOE y PP han entrado de lleno en la campaña electoral ofreciendo una amplia oferta de medidas económicas. El PSOE ofrece suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, subida de las pensiones, creación de 2 millones de empleo, reducción del Impuesto de Sucesión y Donaciones y medidas sociales como un plan de dentista gratis para los niños. Mientras el PP ofrece la creación de un ministerio de la familia, rebajar el IRPF y reducción del Impuesto de Sociedades del 25 % al 20 % a las Pymes.
Sea cual sea el resultado de las elecciones y el partido ganador el 9 de marzo, el nuevo gobierno que se forme y su ministro de Economía y Hacienda (Solbes o Pizarro) deberán tomar una serie de medidas para paliar los efectos de las restricciones crediticias sobre los agentes económicos derivados de la falta de liquidez; medidas para evitar el desplome de la construcción y sus efectos sobre el empleo, soluciones al fuerte proceso inflacionario, reformar el mercado de trabajo…
En fin, dar confianza al tejido productivo y a los consumidores sobre el futuro de la economía española.