El espacio local, a pesar de sus luces y sus sombras, ha sido, es y será, el espacio por antonomasia de la gestión política, el principal laboratorio de experiencias democráticas, la dimensión pública más cercana a los ciudadanos, y por ello, el ámbito en el que el ciudadano puede participar en la configuración de los asuntos públicos. Además, el tan glosado principio de subsidiariedad proclamado por la Carta Europea de la Autonomía Local recomienda que las tareas públicas que se puedan acometer desde los gobiernos locales no se ubiquen en otros niveles de gobierno. En este sentido, la vuelta a lo local no es sólo una cuestión técnica o administrativa. Sobre todo, lo relevante reside en potenciar los espacios políticos más próximos a los ciudadanos para facilitar la emergencia del repertorio de iniciativas sociales que nacen del dinamismo vital de la realidad.

Los ayuntamientos en estos últimos 25 años han pasado de ser instituciones reguladoras y ordenadoras de convivencia ciudadana, a través del ejercicio del poder y de la tutela, a ser básica y principalmente organizaciones proveedoras de servicios. Como consecuencia de este fenómeno, los ayuntamientos irrumpen en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad: educación, cultura, ocio, deporte, sanidad, servicios sociales y asistenciales, promoción económica, formación, etc. Estas nuevas áreas de actividades provocan a su vez la necesidad de ampliación de los servicios tradicionales: recogida de basuras, limpieza y alumbrado público, abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento, transporte público, gestión urbanística, seguridad ciudadana, etc.

Dado que mucho de los servicios fundamentales para el bienestar de los ciudadanos lo recibe de sus ayuntamientos, la constitución de los ayuntamientos democráticos en 1.979 trajo consigo una creciente demanda de mejoras en los servicios municipales. La insuficiencia de recursos financieros de las Haciendas Locales motivó sendas operaciones de asunción de la deuda local por parte de la Administración Central en el año 1979 y 1983.

Incrementar significativamente el peso presupuestario y competencial de los municipios es hoy su principal prioridad. Hay que establecer un objetivo claro y preciso de descentralización del gasto público, en línea del 40% para el Estado, el 30% para las Comunidades Autónomas (CC.AA). y 30% para Ayuntamientos y Diputaciones. Ello exige ampliar su marco de responsabilidades competenciales y revisar su sistema de financiación. En este sentido habría que avanzar en una triple dirección. En primer lugar, los ayuntamientos deberían ser los responsables directos de la gestión de ciertas competencias como educación básica, la vivienda, el fomento del empleo y las políticas de familia que a muchos países son típicamente municipales; en segundo lugar, los municipios debería recibir la financiación adecuada para un conjunto de gastos no obligatorios, que llegan a representar actualmente el 30% del presupuesto y en tercer lugar, existen materias como la inmigración y la seguridad que exigen políticas de Estado, porque a la vez que tienen una dimensión global produce implicaciones locales y sólo pueden ser tratadas convenientemente con una acción concretada.

Con la aprobación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) de 1988 se trató de abrir una nueva etapa en la que la suficiencia de recursos, la estabilidad de un sistema pactado de transferencias y una amplia autonomía tributaria fuesen la base de la reforma de las Haciendas Municipales. Transcurridos casi más de tres lustros de aquella reforma no se ha resuelto el problema de la financiación de los ayuntamientos. En el año 2002 se ha modificado parcialmente la LRHL (Ley 51/2002, de 27 de diciembre ) y se han introducido cambios significativos en la financiación de los ayuntamientos mayores de 75.000 habitantes: eliminación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y participación en una serie de impuestos estatales como el IRPF (1,6875%), el IVA (1,7898%) y de los Impuestos Especiales armonizados (2,0454%). Habrá que esperar un tiempo prudencial para valorar y cuantificar ésta última reforma y comprobar si se ha aumentado los recursos económicos a los ayuntamientos.

Ligada a la financiación de los ayuntamientos está la materialización de un Pacto Local, que contemple una mayor asunción de competencias por parte de los municipios y profundice la descentralización hacia el nivel de Gobierno más próximo a los ciudadanos. En suma, se trata de aplicar entre las distintas Administraciones de nuestro país el principio de subsidiariedad proclamado en la Unión Europea. En España, dicho criterio se ha aplicado en los dos primeros escalones (estatal y autonómico) pero no en el tercero, es decir, el municipal y el provincial.

Es evidente que este pacto debe situarse necesariamente a dos niveles. Por una parte, la financiación de los municipios es fundamentalmente responsabilidad de la Administración Central, y es ésta la que debe dar los pasos necesarios. Por otra parte, lo concerniente a la descentralización de competencias, es sobre todo, responsabilidad de las CC.AA., y deben ser éstas las que decidan los contenidos, modalidades y ritmo de la descentralización hacia los Ayuntamientos.

Por eso, el reforzamiento de los espacios locales, lejos de propiciar escenarios de confrontación con las Autonomías nos conduce a inteligentes repartos de poderes y competencias, de manera que los ciudadanos puedan recibir mejores servicios públicos. Mientras que el Estado debe comprometerse, sobre todo, en las llamadas tareas de definición y análisis de las políticas públicas básicas de solidaridad y equidad; compete a las autoridades autonómicas y locales buscar la mejor forma de gestionar los servicios públicos.

Municipalismo y autonomismo deben ir juntos y no parecer como proyectos enfrentados. Más autogobierno y capacidad de decisión para las CC.AA. y más responsabilidad, capacidad de gestión y presupuestos para los municipios. Creemos que la realidad administrativa de España es plural y compleja y no se entiende desde el pensamiento único y desde la unilateralidad, por lo que es necesario una permanente atención a todos los aspectos de la realidad social.

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