El camino hacia la Autonomía de Andalucía no ha sido fácil. El proceso político que conformó la autonomía en Andalucía integró tal suerte de avatares y especificidades jurídicas y políticas que, sin lugar a dudas, podríamos calificarlo como un modelo singular de acceso a la autonomía, en relación con las previsiones iniciales de la Constitución española (CE) de 1978. Algunos constitucionalistas han señalado que la vía escogida por Andalucía de acceso a la autonomía se puede calificar como tercera vía, diferente del art. 151 de la Constitución, o vía rápida y del 146, o vía lenta.
Las atipicidades del proceso autonómico andaluz devinieron, en primer termino, por el hecho de haber optado por la vía del art. 151 de la Constitución, que los constituyentes configuraron como una vía para las nacionalidades históricas y una opción teórica para el resto de las Comunidades Autónomas (CC.AA), pero por la que nadie sinceramente pensaba que pudiera desarrollarse proceso autonómico alguno en España.
Tal singularidad modificaría, en parte, el planteamiento inicial de los constituyentes sobre la organización territorial del Estado, siendo determinante para el definitivo diseño del modelo autonómico español.
El referéndum del 28 de febrero de 1980, realizado en Andalucía para acceder a la autonomía, fue un detonante que puso en crisis el proyecto de organización territorial previsto por la CE, abriendo las puertas para que otras CC.AA. pudieran plantearse tener instituciones y competencias reservadas inicialmente para las tres nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia).
Andalucía fue efectivamente la única comunidad autónoma que, a pesar de las dificultades establecidas por la CE para poner en marcha el proceso autonómico previsto en el art. 151 optó por impulsar el proceso político que debía de llevarla a una equiparación competencial e institucional con las denominadas comunidades históricas.
El proceso autonómico andaluz actuó como un instrumento perturbador del modelo preconcebido en la mente de la mayoría de los constituyentes y sus respectivos partidos, sustituyendo la idea de dos tipos de comunidades defendida, en un principio, por la UCD por la de una generalización y homogeneidad de las CC.AA. El proceso autonómico andaluz dio un vuelco a la pretensión originaria que latía en el proceso constituyente de otorgar autonomía política para tan sólo las tres nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y al resto de los territorios una simple descentralización administrativa. De esta forma, Andalucía se coloca de forma institucional en pie de igualdad con las nacionalidades históricas en el mapa autonómico español, contribuyendo decisivamente a la desaparición de la vía lenta de acceso a la autonomía.
La opción política andaluza encauzó el devenir de un proceso autonómico que ha desembarcado, tras el último acuerdo de financiación de 2001, con los traspasos de la gestión de la Sanidad y Universidades, a las CC.AA. que restaban por asumirlo, en la formación de un Estado cuyos índices de descentralización política son equiparables a los Estados Federales.
Tras las elecciones a Cortes Generales de 15 de junio de 1977 que supuso la vuelta a España de la democracia y la apertura de un proceso constituyente, se constituyó en Sevilla el 12 de octubre de 1977, la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía con el fin de lograr la autonomía más amplia para Andalucía. Este espíritu autonomista hace que el 4 de diciembre de 1977 cerca de un millón y medio de andaluces se manifiesten en las principales ciudades andaluzas para conseguir su autonomía.
El 7 de mayo de 1978 se constituyó en Cádiz la Junta Preautonómica de Andalucía y el 4 de diciembre todas las fuerza políticas andaluzas firman el ‘Pacto de Antequera’ por el que se comprometían a impulsar y desarrollar, en el plazo más breve, la autonomía andaluza.
La aprobación de la Constitución marcó el inicio del imparable proceso que Andalucía seguiría para la consecución de la autonomía de más alto nivel, accediendo a la misma por la vía señalada en el art. 151 de la CE, tal como habían consensuado las fuerzas políticas andaluzas.
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