Los apagones eléctricos producidos este verano en Andalucía y, especialmente, en la ciudad de Sevilla y gran parte de la provincia de Cádiz, han sido uno de los temas más debatidos por la sociedad andaluza, junto con los incendios forestales, el tricentenario de la toma de Gibraltar por los ingleses y la subida del precio del petróleo.
El problema de los apagones hay que tratarlo globalmente, ya que está íntimamente relacionado con las energías renovables en Andalucía y los compromisos del acuerdo de Kioto. Por tanto, conviene reflexionar sobre el papel de Andalucía en dicho acuerdo y sus implicaciones en su economía y sociedad.
La Cumbre medioambiental de Río de Janeiro de 1992 definió un nuevo concepto de lo que entendemos por desarrollo, es decir, el desarrollo sostenible, y una agenda de compromisos internacionales para tratar alguna de las cuestiones medioambientales que acucian al planeta, entre las que destaca, quizás el problema ambiental global de más trascendencia como es el cambio climático.
La Cumbre de Kioto de 1977 adquirió importantes compromisos ambientales, como un trascendental acuerdo internacional para la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo. En unas muy duras negociaciones se llegó al acuerdo de reducir las emisiones de estos gases en los países industrializados en el período 2008-2012: Japón debe reducir un 6%, EE.UU un 7% y la UE un 8% con respecto a 1990. Sin embargo sólo la UE se ha puesto a la tarea de hacerlo y ha hecho de la limitación de emisiones una norma de obligado cumplimiento. Desde el 1 de enero de 2005 la UE estará sujeta a un control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Combatir el cambio climático significa reducir las emisiones de GEI. Los científicos consideran que la acumulación de estos gases en la atmósfera produce un incremento de la temperatura del planeta y del nivel del mar, una mayor frecuencia de fenómenos catastróficos como sequías, tormentas e inundaciones, la extensión de enfermedades tropicales y la desaparición de especies. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, España y, especialmente, Andalucía, será uno de los países de Europa más castigados por el incremento de las temperaturas que se ha disparado, a escala global, a causa del aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Entre las múltiples consecuencias de esta tendencia climática figuran tormentas, inundaciones, olas de calor y sequías más frecuentes y destructivas. Así, cada país de la UE debía elaborar y entregar antes de Agosto del 2004 un Plan Nacional de Asignación (PNA), es decir, un compromiso en el que se determine lo que cada sector puede emitir. Se trata, eso sí sólo del 40% de las emisiones, porque el resto corresponde a los llamados sectores difusos como el transporte, la pequeña industria y el consumo privado. El PNA propone detener en 2005-2007 el vertiginoso crecimiento de las emisiones, reduciéndolas posteriormente en el 2008-2012. Esto supone un gran de-safío para todos.
La clave está en el modelo energético que aplicamos. El dióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, se produce mayoritariamente por el uso de combustibles fósiles, tanto en las centrales de generación de electricidad como en los vehículos, los comercios o los hogares. Cuando quemamos carbón, derivados del petróleo o gas natural, emitimos CO2, así como cuando encendemos una bombilla, un aparato de aire acondicionado o un televisor producimos indirectamente el mismo efecto.
El cumplimiento de los acuerdos de Kioto ofrece a la sociedad andaluza la oportunidad de impulsar las energías renovables y desarrollar un sector industrial con gran capacidad de competir internacionalmente y crear empleo.
Las energías renovables aportaron el 12,6% de la electricidad generada en Andalucía en el año 2003, dicho porcentaje representa la mitad que en el sistema eléctrico nacional, donde generaron el 23,7%. En ese mismo año se produjeron en Andalucía 25.309 gigawatios-horas (GWh) de los que solo 3.179 lo fueron de energías renovables, formadas por centrales hidroeléctricas, eólicas y otras que no consumen combustibles fósiles. La energía eólica aportó sólo el 1,9% de toda la energía generada en Andalucía, porcentaje que no alcanza ni la mitad del promedio nacional, que fue el 4,9%. La electricidad obtenida en las centrales hidroeléctricas mientras que en España fue del 17,5%. La electricidad obtenida en las centrales hidroeléctricas andaluzas supuso el 6,1% del total generado, mientras que en España fue del 17,5%, porcentaje tres veces superior al andaluz. El resto de energías renovables aportaron el 4,4% de la generación eléctrica total andaluza frente al 8% de la media del sistema eléctrico nacional.
La producción eléctrica andaluza en el 2003 sólo cubrió el 71,6% de la demanda de electricidad que ascendió a 33.255 GWh, un 8,3% más que en el 2002 y que tuvo que ser cubierta con la importación de electricidad de otras CCAA. El Plan Energético Andaluz (PLEAN) se ha fijado el objetivo que en el 2.010 el 15% de las energías consumidas en Andalucía provengan de las llamadas energías renovables.
En esta línea de apoyo a las energías renovables como alternativa a las que utilizan combustibles fósiles, causantes de los gases efecto invernadero, se desarrolló en Bonn (Alemania) entre el 1 y el 4 de junio de 2004, la Conferencia Internacional sobre energías renovables, que contó con la participación de 154 delegaciones y 125 jefes de Estado y ministros. El objetivo de la Conferencia consistió en sentar las bases para una expansión global de las energías renovables, integrándolas en una estrategia orientada hacia el uso de energías altamente eficientes. Durante su desarrollo se identificaron los principales obstáculos a la expansión de las energías renovables y se propusieron soluciones que permitan superar dichos obstáculos.
Por tanto, creemos que Andalucía tiene que jugar un papel prioritario dentro del conjunto del Estado Español en la consecución de los acuerdos de Kioto, debido a que es la comunidad autónoma más poblada y una de las más extensas y posee un enorme potencial para el desarrollo de las energías renovables, sobre todo eólica, solar y biomasa.
El cumplimiento de los acuerdos de Kioto supone un gran desafío para la sociedad andaluza y su tejido productivo, pero en especial para su industria, que debe de cambiar progresivamente las pautas de consumo energético, tendiendo hacia una mayor utilización de las energías renovables. La Administración Autonómica andaluza, sobre todo, la Consejería de Innovación debe revisar los programas de energía renovables, haciéndolos más accesibles a las pequeñas y medianas empresas, así como implicar a la sociedad civil en dichos programas.
Por tanto, cada Administración (autonómica, provincial y municipal), debe acometer actuaciones decididas en su ámbito de responsabilidad, las empresas deberán apostar por la tecnología de llevar al ánimo de los ciudadanos la necesidad de cambios en los hábitos de vida y consumo, buscando un consumo más racional y respetuoso con el medio ambiente. El éxito de estas medidas debe de ser un compromiso de toda la sociedad en su conjunto, ya que el clima del siglo XXI dependerá de cómo sea la sociedad del siglo XXI.
juan.rodriguez@uca.es
