Nos encontramos actualmente en un momento relacionado con el sector de la construcción que, aunque no podríamos catalogarlo aún de crisis económica, si preocupante en cuanto a su periodo medio de maduración relativo a la venta de una vivienda.
La situación es preocupante dada la ralentización del volumen de ventas de viviendas y naves industriales.
El cliente potencial/inversor de una vivienda o nave industrial, se encuentra agazapado en espera de ver la evolución de del euribor, actualmente al alza. Ante una hipoteca estimada de 120.000,00 euros, cada vez que se produce una revisión del tipo de interés sube la cuota 100,00 euros aproximadamente.
Los promotores de suelo, también se encuentran expectantes ante la normativa impuesta en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) en cuanto a sus limites de población y nuevas viviendas relacionadas con las ya existentes, sobretodo teniendo en cuenta las restricciones legales establecidas para la aprobación de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en los municipios.
Asimismo, estos promotores, en muchos casos de encuentran con grandes bolsas de suelo que no saben si definitivamente van a ser calificadas y/o clasificadas para su urbanización. Incluso, en determinados casos -y son muchos-, puede que se hayan firmado (y pagado) convenios con ayuntamientos que actualmente son imposibles de ejecutar.
El nicho de mercado inmobiliario relacionado con los polígonos/parques industriales, no queda fuera ante esta probable crisis del sector de la construcción.
En situaciones de planificación del desarrollo local a nivel institucional, puede que sea el momento de apostar de nuevo por zonas industriales y su puesta en valor por los propios ayuntamientos o sociedades públicas municipales. Establecer precios públicos de venta de naves al alcance de cualquier empresario pequeño o mediano. Digamos que, es de nuevo necesaria la intervención pública, en cuanto a la proliferación de micropolígonos industriales, como ya ocurriera a finales de los ochenta y principios de los noventa.
En esos años se construían naves a precios bajos, eran llamadas popularmente como naves de protección oficial. El proceso fue muy variopinto: firma convenio de colaboración con el otro Instituto de Fomento de Andalucía, imposición de precios de venta reducidos, venta rápida y en definitiva apoyo al pequeño y mediano empresario de cada pueblo.
Mi experiencia personal sobre el Programa Traslado Industrial, en aquellos municipios donde se han ido implantando a lo largo de estos últimos años, así como la generación de empleo estable que gracias a dichos proyectos de inversión se ha producido, ha sido muy satisfactoria. El Programa Traslado a suelo industrial es muy rentable para el desarrollo económico y social de un municipio por diferentes factores:
l Reduce la contaminación acústica al trasladar empresas ruidosas desde el casco urbano al parque industrial.
l Reduce la contaminación del aire, dado que empresas como carpinterías de madera, metálicas, forja…etc. No eliminan polvo y/o humo en pleno casco urbano.
l Evita atascos en pleno centro urbano ante la carga y des carga de materia prima.
l Focaliza todas las empresas en una misma zona.
l Existe un beneficio social que redunda en calidad de vida para los ciudadanos del municipio.
l A corto medio plazo las empresas suelen rentabilizar eco nómicamente la inversión, al disponer de una distribución en planta de la maquinaria mucho más adecuada.
l La mayoría de empresas que están en economía sumergida, al trasladarse se legalizan.
En cuanto a la generación de empleo estable que proporciona este tipo de proyectos, según estudios estadísticos realizados personalmente, además de los ya existentes, se suele generar una media de tres puestos de trabajo por cuenta ajena por cada empresa que se traslada del casco urbano al municipio, es una cantidad elevada teniendo en cuenta que principalmente son microempresas familiares.
En épocas de crisis del sector de la construcción, se suele producir una espiral de precios, con la consiguiente estabilización de salarios, incremento los niveles de inflación (subida precio cesta de la compra, leche, pan, aceite, pollo…etc); lo que hace casi obligatoria la intervención pública del estado y/o Comunidad Autónoma -construcción de carreteras…-, y en menor medida pero no menos importante de los ayuntamientos con programas como la construcción de micropolígonos industriales o VPO´s.
