El sector agrario tiene una importancia estratégica para Andalucía. Con una producción final que supera los 10.000 millones de euros y un superávit de más de 4.000 millones de euros en la balanza agroalimentaria, la actividad agraria aporta en torno al 20% del PIB regional. Constituye la principal actividad de la inmensa mayoría de las zonas rurales, en las que vive el 57% de la población andaluza. El campo andaluz genera unos 500.000 empleos directos. El 17% de los afiliados de la Seguridad Social son agricultores o ganaderos.

Además, la actividad de los profesionales agrarios contribuye a la distribución más racional y equilibrada de la población, favoreciendo el asentamiento de ésta en el medio rural y, con ello, la cohesión territorial.

Todo ello, sin olvidar que la principal razón de ser de los profesionales agrarios es la producción de alimentos con calidad y en cantidad suficientes para satisfacer la demanda de la población.

 

Miguel-Lopez-SierraSin embargo, la última reforma de la PAC no ha supuesto un giro hacia la agricultura productiva, profesional y de futuro. El debate se agotó en el reparto de fondos, desentendiéndose de la discusión en torno al modelo productivo, y optando por un criterio que prima la propiedad sobre la actividad, por lo que favorece el absentismo y la especulación.

 

Este planteamiento derivó en una lucha entre comunidades para mantener recursos y Andalucía no ha salido bien parada y sufrirá recortes tanto en pagos directos como en desarrollo rural. También se ve agraviada en las ayudas asociadas, dirigidas a sectores que ven comprometida su viabilidad, porque no se usan criterios objetivos, sino políticos para asignar los fondos.

 

Además, en la nueva PAC echamos de menos elementos como el principio de preferencia comunitaria: no es de recibo que, en la actual situación de crisis, con recortes y pérdida de empleo en los estados miembros, la UE permita y fomente la entrada de producciones de países terceros hechas en situación de dumping.

 

Mientras la PAC ofrece su apoyo a la agricultura continental, en manos de Europa Central, España debería haber tenido una posición más contundente en la defensa de nuestras producciones mediterráneas, y de un modelo profesional que es el que, mayoritariamente, aporta el empleo y el valor añadido a los territorios. La postura francesa es un ejemplo de cómo mejorar la distribución de los fondos públicos garantizando que el modelo profesional reciba más apoyo.

 

El gran olvidado sigue siendo, paradójicamente, el mercado, del que depende el 80% de la renta del sector. No es lógico que desde Bruselas no se regule la cadena alimentaria, siendo conscientes de cómo la distribución especula a sus anchas, oprimiendo a consumidores y productores. La Ley de Cadena Alimentaria que ha puesto en marcha el Ministerio ha traído consigo algunos avances, pero los eslabones más débiles, productores y consumidores, siguen sufriendo las consecuencias del tremendo desequilibrio existente.

 

Por último, es prioritario utilizar bien los fondos de desarrollo rural para potenciar el relevo generacional. No podemos olvidar que en Andalucía sólo el 6,4% de las más de 246.000 explotaciones agrarias está en manos de menores de 35 años, mientras más del 55% de los titulares está por encima de los 55 años y más del 31% supera los 65. Según Eurostat, por cada agricultor profesional que se incorpora se generan entre 8 y 10 empleos asociados, un detalle nada despreciable en una región con un índice de desempleo juvenil que casi alcanza el 65%.

 

Miguel López Sierra

Secretario General de COAG Andalucía