CEOE insiste en su valoración positiva del compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos de déficit público

Una de las principales novedades de los PGE-2016 es el cambio de orientación de la política presupuestaria. El aumento del gasto social (excluido el desempleo) en un 3,8%, junto con el incremento del 1% de los salarios del personal del sector público y del 8,7% de las transferencias a cuenta para las CC.AA, son una señal del fin de la política presupuestaria de ajuste. De hecho, el conjunto del gasto consolidado del Estado asciende un 1,2%. Hay que tener en cuenta que el ahorro estimado por los capítulos de intereses de la deuda y desempleo, unido al de actuaciones de carácter económico (en total unos 9.500 millones de euros), compensa en buena parte el aumento de las otras partidas de gasto.

Por lo tanto, el ajuste presupuestario solo se mantiene para las políticas que afectan a la actividad económica, a pesar de que este tipo de actuaciones impulsan el crecimiento, la inversión y el empleo. En concreto, éstas se reducen un -6,6% en 2016 y pierden peso en el total de gasto consolidado (8,1%, frente al 8,7% de 2015), a diferencia de lo observado en el PGE-2015.

En el desglose de las partidas de gasto que afectan a la actividad empresarial, cabe destacar lo siguiente. Por un lado, el aumento de un 2,2% de la cuantía del gasto en I+D+i civil, aunque mantiene su peso en la estructura de gasto. Si se considera el conjunto de dicha política, el incremento sería de tan sólo un 0,5%. Por otro lado, desciende el presupuesto para infraestructuras del Estado en un 2,7% y la inversión en infraestructuras cae un 1%. Sin embargo, si se suma al Estado el sector público administrativo y empresarial, la inversión en infraestructuras se estabiliza en el entorno de los 9.500 millones de euros. Además, se reduce notablemente el presupuesto para el resto de partidas, excepto transporte, cuyo incremento va destinado en buena parte a subvenciones al transporte público, y comercio, turismo y pyme.