Se cierra un año que comenzó con la entrada en vigor de la nueva PAC y que concluye con la anulación del acuerdo UE-Marruecos. En medio, ha habido otros temas importantes como las negociaciones del TTIP o las elecciones autonómicas.
Ha sido un año intenso, con el inicio de una nueva PAC que, como ya advertimos, no es buena para Andalucía ni para el modelo profesional mayoritario, porque el sistema de ayudas no premia el trabajo, la producción, sino la posesión de tierras, y porque el mercado, en el que se juegan la renta sectores como las frutas y hortalizas, entre otros, sigue siendo el gran olvidado.
Hablando de renta, hay que decir que en este año la renta agraria subió un 1,1% en nuestro país, pero desde 2003 el sector agrario español ha perdido el 30%, algo que está estrechamente vinculado a la subida de los consumos intermedios, que superó el 46% en ese periodo. En este 2015, para obtener un euro de producción, los agricultores tuvieron que gastar 0,50 euros en insumos productivos, la cifra más alta desde 1990.
Precisamente el de los costes y su reducción es uno de los retos a los que se enfrenta Andalucía en 2016. Tras las elecciones se ha conformado un nuevo gobierno andaluz que, entre sus compromisos de legislatura, ha incluido la Ley Agraria de Andalucía, una propuesta planteada por COAG Andalucía a todos los partidos políticos. Esa Ley debe servir para diseñar una política agraria propia, ordenando y desarrollando los diferentes sectores para potenciar el modelo profesional mayoritario en Andalucía. Y entre los retos que debe abordar se incluye, sin duda, la necesidad de promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica aplicados al sector agrario para mejorar la eficiencia energética y reducir los costes que lastran a las explotaciones andaluzas.
Otra de las cuestiones importantes que marcaron el año y que seguirá de actualidad en los próximos meses es la (oscura) negociación del Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, el famoso TTIP.
El sector agroalimentario es una parte pequeña dentro del conjunto de las negociaciones, pero esencial y estratégico para la ciudadanía pues está en riesgo la calidad y seguridad de nuestra alimentación diaria. Están en juego un modelo alimentario y agrario sostenibles y de carácter social, la preservación del medio ambiente y rural, nuestra propia capacidad de decisión y el objetivo de soberanía alimentaria.
Hay quien quiere convertir a nuestro sector en la nueva burbuja especulativa de los grandes fondos de inversión, las grandes cadenas de distribución alimentaria y las multinacionales agroexportadoras y biotecnológicas, que presionan a los gobiernos a favor de políticas desregulatorias de los mercados mundiales, que les permitan operar a sus anchas, extendiendo su control y dominio absoluto sobre la producción y el comercio de los alimentos.
El final de año ha traído consigo la anulación del acuerdo comercial UE-Marruecos, aunque la Comisión ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. COAG ha denunciado muchas veces que con acuerdos de este tipo se disfraza de cooperación lo que no es más que negocio para unas pocas grandes empresas. Mientras tanto, los agricultores, los de aquí y los de allí, son los grandes perjudicados, pero también el conjunto de la sociedad. Beneficio de unos pocos contra el interés general.
Miguel López
Secretario general de COAG Andalucía
