La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha confirmado al Consejo de Gobierno que Andalucía perderá 902,5 millones de euros con la nueva Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2014-2020. De acuerdo con las cuentas realizadas por su departamento, y una vez conocida la asignación definitiva de derechos de pago básico el pasado 31 de marzo, este recorte duplica la previsión que realizó la Junta en 2014.
La pérdida final en el capítulo de ayudas directas a los agricultores y ganaderos de la comunidad alcanza los 616,5 millones de euros. A ello se suman 286 millones en fondos de desarrollo rural que el Ministerio recortó a Andalucía, única de las 17 comunidades autónomas a la que se le redujo este presupuesto (211 millones de fondos europeos y 75 de la cofinanciación estatal).
Carmen Ortiz ha subrayado que en el caso de las ayudas directas, los agricultores y ganaderos andaluces sufrirán un recorte “que el Ejecutivo central siempre negó, pese a las advertencias de la Junta”. En este sentido, ha recordado que el ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete calificó en su momento de “disparatadas” las estimaciones iniciales de la Administración autonómica y llegó a garantizar que el sector agrario andaluz perdería como mucho el 0,67% en ayudas directas (60 millones de euros), “cuando la realidad es que va a perder un 6,29% (616,5 millones)”.
La consejera ha destacado que el recorte en este capítulo de pagos directos se debe a dos medidas del Gobierno de España que no venían impuestas por Bruselas. La primera de ellas consiste en aplicar un recorte del 8,64% en todos los derechos de pago único, lineal en lugar de progresivo, tal y como defendía la Junta. Esto representa una pérdida total de 37,4 millones anuales, lo que suma 261,9 para todo el periodo 2014-2020.
La segunda de las medidas ha sido la puesta en marcha en 2015 de un nuevo modelo de ayudas directas que incrementa el presupuesto de las denominadas “asociadas” (aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades) pero excluye a sectores andaluces de gran importancia social y económica en riesgo de abandono, como el olivar en pendiente (más de 400.000 hectáreas, el 76% del total nacional), el trigo duro (220.000 hectáreas, 60%) o la uva pasa. La reducción del montante del pago básico para incrementar el de estas ayudas asociadas se calcula en 59,1 millones de euros anuales, lo que supondrá una pérdida total de 354,6 millones de euros hasta 2020.
Respecto a los cultivos que sí se incluyen, el diseño de las ayudas se ha hecho a medida del tipo de producción de otras comunidades, sin tener en cuenta las necesidades específicas de explotaciones andaluzas como la remolacha o el caprino de leche andaluz.
