El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto al vicepresidente de CEOE y presidente de Foment del Treball, Josep S\u00e1nchez-Llibre, y el vicepresidente de CEOE \u00cd\u00f1igo Fern\u00e1ndez de Mesa, se han reunido este mi\u00e9rcoles con el Defensor del Pueblo, Francisco M. Fern\u00e1ndez Marug\u00e1n, para instarle a que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el art\u00edculo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se eleva el tipo marginal m\u00e1ximo del Impuesto de Patrimonio del 2,5% al 3,5%, y se otorga car\u00e1cter indefinido al tributo.<\/p>\n
A su llegada a la reuni\u00f3n, Garamendi ha subrayado que \u201cel Impuesto de Patrimonio grava el ahorro, algo que ya ha pagado impuestos\u201d, y ha recordado que \u201cen la UE es curioso que el \u00fanico pa\u00eds que tenga este impuesto sea Espa\u00f1a\u201d. Por su parte, Josep S\u00e1nchez-Llibre ha calificado el impuesto como \u201cconfiscatorio, injusto y atenta contra la libertad y la propiedad privada de los contribuyentes espa\u00f1oles\u201d, al tiempo que ha recalcado tambi\u00e9n que \u201csolamente existe en Espa\u00f1a\u201d.<\/p>\n
En la reuni\u00f3n, se ha hecho entrega de un escrito al Defensor del Pueblo que ha sido suscrito por los presidentes de las organizaciones territoriales de \u00e1mbito auton\u00f3mico de CEOE y avalado por la Junta Directiva de la Confederaci\u00f3n.<\/p>\n
Desde CEOE se viene reclamando un debate en profundidad sobre el sistema fiscal espa\u00f1ol con la finalidad de que sirva para incentivar el desarrollo econ\u00f3mico a trav\u00e9s de una fiscalidad competitiva para las empresas espa\u00f1olas y para las familias. “Esto es, para lograr que el sistema impositivo sea una palanca para la creaci\u00f3n de riqueza, de empleo y, en consecuencia, para la generaci\u00f3n de mayores ingresos p\u00fablicos”, argumentan.<\/p>\n
Sin embargo, “lejos de este enfoque” -apuntan-, en el actual entorno de tipos de inter\u00e9s 0 o negativos, rendimientos patrimoniales reales moderados o de p\u00e9rdidas significativas provocadas por la crisis del COVID-19, “un tipo marginal m\u00e1ximo del Impuesto sobre el Patrimonio -tributo que adem\u00e1s no existe en ning\u00fan otro pa\u00eds de la UE- del 3,5% es distorsionante y confiscatorio y, por tanto, inconstitucional”.<\/p>\n
Seg\u00fan la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, as\u00ed se entiende cuando un impuesto somete a tributaci\u00f3n manifestaciones irreales, ficticias o inexistentes de capacidad econ\u00f3mica o bien cuando con su gravamen agota la riqueza imponible, es decir, hace falta liquidar la riqueza para pagar el impuesto.<\/p>\n
En efecto, en muchos casos, el contribuyente tendr\u00e1 que liquidar su patrimonio -incluso a un valor de mercado inferior al tasado a efectos tributarios- para poder pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el art\u00edculo de la Ley de PGE que se pretende recurrir.<\/p>\n
En el momento actual, el rendimiento que generar\u00e1 un patrimonio sujeto est\u00e1 razonablemente por debajo del tipo impositivo, debiendo a\u00f1adirse, adem\u00e1s, que cualquier rendimiento de este patrimonio ya habr\u00e1 tributado previamente por IRPF. “Por ello, se considera que en este caso existe un supuesto de inconstitucionalidad que penaliza el ahorro, la inversi\u00f3n, la productividad y el crecimiento econ\u00f3mico”, explican.<\/p>\n
Y alegan que “es por eso por lo que las organizaciones empresariales de toda Espa\u00f1a pedimos amparo del Defensor del Pueblo en el marco de las actuaciones que tiene esta importante figura como encargado de defender nuestros derechos, velando, en este caso en particular, por la justicia del sistema tributario”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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