Hace escasas semanas ha comenzado la tramitaci\u00f3n parlamentaria en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley B\u00e1sica de C\u00e1maras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegaci\u00f3n, aprobado el pasado mes de Julio por el Consejo de Ministros e impulsado por la Secretar\u00eda de Estado de Comercio.<\/p>\n
Seg\u00fan UPTA Andaluc\u00eda: “Esta era una promesa electoral del actual Gobierno introducida como compromiso desde el Discurso de Investidura del actual Presidente y en el marco del Programa de Reformas Estructurales de nuestra actividad econ\u00f3mica. El objetivo es ofrecer un nuevo marco regulador a estas instituciones tras los cambios introducidos a trav\u00e9s del Decreto-Ley 13\/2010 del anterior Gobierno y que elimin\u00f3 de forma sorprendente, pero tambi\u00e9n aplaudida, especialmente por los aut\u00f3nomos, la adscripci\u00f3n obligatoria de las empresas y el pago de la cuotas a las que hasta entonces, muy en contra de su voluntad, hac\u00edan frente. Desde casi todos los \u00e1mbitos del mundo empresarial se expres\u00f3 la satisfacci\u00f3n por una medida razonable y acertada. En ning\u00fan caso ten\u00eda sentido una obligaci\u00f3n de pago a instituciones por naturaleza privadas, aunque bien es cierto que quiz\u00e1 se adopt\u00f3\u00a0 con \u00a0premura y sin el di\u00e1logo necesario, lo que ha venido dificultando en estos dos a\u00f1os la adaptaci\u00f3n de las C\u00e1maras de Comercio a su nueva realidad normativa y sobre todo econ\u00f3mica, por la reducci\u00f3n dr\u00e1stica de ingresos. Pero m\u00e1s all\u00e1 de la necesidad de abordar una nueva regulaci\u00f3n para estas hist\u00f3ricas entidades, la sorpresa de nuevo para muchos es que ahora un Gobierno que debiera responder a unos principios liberales, da marcha atr\u00e1s e impone de nuevo un sistema obligatorio. Evita el Proyecto de Ley \u00a0recuperar el denominado recurso cameral permanente, que hubiese producido fuertes reacciones negativas, pero s\u00ed que recupera la adscripci\u00f3n obligatoria a las C\u00e1maras de Comercio de las empresas de los sectores de actividad vinculados, incluyendo el gran campo de los servicios, hasta ahora excluidos, con lo que en este momento se convierte en el \u00fanico precedente legal, de no evitarlo el Parlamento, en el que personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas se encuentran obligadas a formar parte de una instituci\u00f3n sin su acuerdo y voluntad previamente manifestada”.<\/p>\n
Seg\u00fan UPTA Andaluc\u00eda: “Imponer esta situaci\u00f3n sin ning\u00fan tipo de consenso previo, es un profundo \u00a0error que ahondar\u00e1 aun m\u00e1s \u00a0la escasa confianza mutua entre C\u00e1maras y peque\u00f1as empresas y no ayuda a superar las secuelas de un divorcio preexistente especialmente con los aut\u00f3nomos, m\u00e1s aun cuando nuestras asociaciones se hab\u00edan ofrecido a encontrar un marco com\u00fan\u00a0 de acuerdo y colaboraci\u00f3n. Por otra parte el Proyecto define algunos objetivos de las C\u00e1maras que sin duda est\u00e1n fuera de lugar. Este es el caso del establecimiento como uno de sus objetivos de la promoci\u00f3n de los intereses generales de las empresas. Es obvio que este no ha sido ni puede ser cometido de las C\u00e1maras, ya que es una competencia exclusiva de las asociaciones empresariales y de trabajadores aut\u00f3nomos, cada colectivo de acuerdo a su correspondiente normativa. Seguir por este camino tan solo polariza la representaci\u00f3n de intereses y crea malentendidos de dif\u00edcil soluci\u00f3n”.<\/p>\n
Tambi\u00e9n “el Proyecto abre la puerta a que unas instituciones a las que se reconoce una car\u00e1cter semip\u00fablico, y que pueden ser objeto de los beneficios de las Encomiendas de Gesti\u00f3n de Servicios P\u00fablicos, compitan en el mercado de los servicios privados a las empresas, afectando con esta decisi\u00f3n a intereses de amplios sectores profesionales vinculados a los servicios jur\u00eddicos, econ\u00f3micos o de consultor\u00eda. Incluso se podr\u00edan dar situaciones de cuasi monopolio y de privilegio en cuanto que las C\u00e1maras, y algunas empresas creadas por ellas, \u00a0son depositarias de informaci\u00f3n p\u00fablica y privada de especial protecci\u00f3n”.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de la Competencia ya “advirti\u00f3 antes de la aprobaci\u00f3n del Proyecto de Ley sobre estos delicados aspectos, tanto por lo que se refiere a la adscripci\u00f3n obligatoria, como en la articulaci\u00f3n de la oferta de servicios”.<\/p>\n
Para UPTA Andaluc\u00eda: “Esper\u00e1bamos tambi\u00e9n que el Proyecto, en la medida que obliga a cientos de miles de trabajadores aut\u00f3nomos a estar adscritos a las C\u00e1maras, deber\u00eda haber articulado un modelo de participaci\u00f3n suficiente y equilibrado. El informe adjunto al Proyecto de Ley indica literalmente que \u201cen Espa\u00f1a hay m\u00e1s de tres millones de aut\u00f3nomos, de los cuales 1,9 millones son empresarios aut\u00f3nomos personas f\u00edsicas, cuya representaci\u00f3n ostentan las organizaciones de aut\u00f3nomos\u201d, sin embargo este reconocimiento solo se convierte en una m\u00ednima representaci\u00f3n de dos miembros en el Pleno de la C\u00e1mara de Espa\u00f1a y uno en su Comisi\u00f3n Ejecutiva, lo que es un pobre referente para el resto de la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica futura que deber\u00e1 regular la composici\u00f3n de las C\u00e1maras territoriales, dejando en sus manos una representaci\u00f3n que debe darse por derecho”.<\/p>\n
En UPTA Andaluc\u00eda “consideramos que se pierde una buena oportunidad para que todo el sector empresarial en sus diferentes vertientes hubiera coincidido en hacer de estas instituciones una herramienta pr\u00e1ctica y asumida por todos y para todos los que hemos participado, aunque de forma obligada, en la creaci\u00f3n de su patrimonio, que deber\u00eda quedar al servicio de la sociedad”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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