El programa aprobado por el Consejo de Gobierno prevé entrar en vigor en siete meses

El Plan Vive en Andalucía 2020-2030 destinará 800 millones de euros a la promoción de vivienda a precio asequible en la comunidad, tanto en régimen de compra como de alquiler, así como a la rehabilitación.

El Consejo de Gobierno ha respaldado la elaboración del programa, que prevé estar en marcha en siete meses y lleva aparejados 34.000 empleos, con una inversión inducida de 1.700 millones de euros en la próxima década.

El primer eje del nuevo Plan Vive en Andalucía es el del acceso a la vivienda. Se prevé que entre 2020 y 2024 se creen 40.000 viviendas nuevas o procedentes de rehabilitación, en venta y alquiler (de ellas 20.000 para jóvenes). Serán viviendas de promoción pública (VPP) sociales en alquiler; de promoción autonómica (VPA) con precio asequible, dentro del Plan Primera Vivienda; así como medidas para garantizar el acceso al alquiler asequible.

El segundo eje es el de la rehabilitación de viviendas y renovación urbana, donde se prevé el Plan Ciudades más Humanas, que incluirá áreas de regeneración urbana y accesibilidad (ARUA) concertadas con ayuntamientos; rehabilitación del parque público de vivienda; de conjuntos históricos (Plan Revive tu Centro); rehabilitación de edificios de interés arquitectónico (Plan Rehabilita Patrimonio, correspondiente al 1% cultural) y la regeneración de espacios urbanos (Plan Vive tu Ciudad).

El tercer eje trata la vulnerabilidad residencial y prevé, con el Plan Nadie sin Hogar, cuatro actuaciones: viviendas de integración social, erradicación del chabolismo, un fondo autonómico de ayudas contra los desahucios y una bolsa de viviendas para realojos y emergencias.

Además, el cuarto eje del nuevo Plan Vive en Andalucía se centra en el I+D+i de la Agenda Urbana 2030, con un programa de becas, premios de arquitectura, jornadas de formación y un foro permanente de la Vivienda en Andalucía.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio tiene previsto contar para la redacción de este plan con la aportación de corporaciones locales, Gobierno central, promotoras públicas y privadas, entidades financieras, empresas patrimonialistas, agentes de la propiedad, administradores de fincas, colegios profesionales, universidades, sindicatos y entidades del tercer sector que operan en Andalucía.