La inesperada situación de vulnerabilidad de un número elevado de ciudadanos por causa de la crisis global ha sido uno de sus principales impactos y ha tenido particular incidencia en los países más desarrollados.
Los nuevos indicadores multidimensionales que miden el riesgo de pobreza en los países europeos ofrecen datos muy significativos. La tasa AROPE, por ejemplo, indica que la población en riesgo de pobreza o exclusión social supera el 27% de la población en España.
La tasa AROPE mide el concepto de riesgo de pobreza y/o exclusión social y amplía la visión tradicional en torno a la renta. Incorpora tres tipos de variables para medir la pobreza y/o exclusión social a partir de tres indicadores: la tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales; la carencia material severa de bienes, y el número de hogares que presentan muy baja intensidad laboral.
La crisis ha generado también un crecimiento de la desigualdad que ha venido a romper la reducción de la desigualdad en las últimas décadas de nuestra historia. Tanto las cifras sobre riesgo de pobreza y de exclusión como la desigualdad son en España significativamente superiores a las de nuestros socios europeos.
Varios factores son determinantes para explicar esta evolución. Junto al indudable efecto del empleo, que explica un porcentaje muy alto de nuestra desigualdad, los estudios más recientes ponen el foco en la educación y especialmente en las tasas de abandono escolar antes y durante la crisis.
Más allá de las cifras, estos datos conectan con uno de los elementos clave de nuestro contrato social que es el llamado ascensor social. Ese conjunto de factores que marcan nuestra convivencia y que han sostenido la idea de que en España los hijos iban a vivir mejor que sus padres, una frase que se ha hecho popular para representar nuestra idea de progreso.
En el funcionamiento del ascensor social es determinante la eficiencia de las políticas del sector público. El esfuerzo distributivo del sector público en España se produce no solo a partir de transferencias y subsidios, sino también del acceso universal y calidad de las políticas de educación y salud. El esfuerzo es en España similar al de otros países de la UE, aunque es todavía insuficiente para converger con sus indicadores.
Hay dos vías preferenciales para reparar el ascensor social. Por una parte, ampliar el alcance de nuestras políticas no solo ampliando su financiación, sino mejorando su eficiencia.
Por otro, dando mejores respuestas a algunas de sus principales causas, por ejemplo, el desempleo y la educación. El crecimiento de la economía y del empleo resolverán parte del trabajo, pero no bastarán para converger con nuestros socios. En el caso del empleo es especialmente importante observar la evaluación de la estructura social tras la crisis y la evolución de la precariedad salarial y la temporalidad.
En el caso de la educación, las evidencias de nuestro desarrollo sugieren que el nivel educativo es un factor más relevante que el origen social a la hora de proporcionar acceso a las clases profesionales.
Como señalaba Luis Requena en su estudio para el Observatorio Social de La Caixa del año 2016 sobre la educación y el ascensor social, la educación (1) aumenta las probabilidades de ascender a posiciones sociales altas; (2) merma las de descender en la escala social, y (3) reduce el riesgo de caer en el desempleo. Sus datos conducían al optimismo porque no confirman que el origen social vuelva a ser más determinante que la educación en la movilidad social.
Pero es un comportamiento que habrá que observar atentamente. ¿Puede haber alguna duda sobre la necesidad de alcanza el mayor consenso político sobre nuestro sistema educativo?
Pedro Caldentey
Director del Departamento de Economía
Universidad Loyola Andalucía
