Una de las polémicas principales de estos días ha sido la sucesiva publicación de los informes derivados del Spending Review (informe de gasto, http://www.airef.es/es/spending-review/) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Esta institución es una de las principales novedades del marco institucional español. Se creó en 2014, siguiendo el modelo de otros países, y ha alcanzado ya un cierto grado de madurez y repercusión pública. Su función es “velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo”.
Se trata de una novedad institucional relevante por su condición de autoridad independiente. Su principal reto será mantenerse con esa condición. Nada peor para nuestra gobernanza económica que el escenario de que esta institución sea instrumentalizada mediante nombramientos de carácter político. Como es natural por la relevancia de los asuntos que evalúa, los informes de AIREF ya generan un cierto debate en los medios de comunicación y en el entorno político. Hay quizás en la expresión de su misión y en algunos de sus mensajes un cierto sesgo hacia la contención del gasto y no en torno a su eficacia y pertinencia. Pero me parece que los informes derivados del Spending Review proporcionan evidencias y análisis de extraordinaria importancia para el debate sobre la política fiscal en España en un momento en que su importancia es crítica para la economía española.
El Spending Review está publicando sus informes a lo largo del mes. En esta primera fase, la AIREF ha realizado estudios sobre los siguientes aspectos: (a) evaluación de estrategias y procedimientos en la concesión de subvenciones, (b) el gasto en medicamentos dispensados con receta médica, (c) las políticas activas de empleo, (d) las becas universitarias, (e) las ayudas a la investigación, (f) el apoyo al sector industrial, (g) y el servicio postal universal que presta Correos.
Es una buena selección de temas porque identifican políticas en las que no es difícil imaginar que se hayan formulado objetivos poco explícitos y resultados poco medibles, existan interferencias políticas o permanezcan medidas y criterios por inercia. Un buen ejemplo del potencial del trabajo de la AIREF es el titular con el que se ha presentado el primero de los estudios: “La AIREF detecta una clara falta de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones”.
Es un argumento central para evaluar las políticas públicas que financian nuestras administraciones públicas. Son aspectos que pueden parecer secundarios frente al debate político, pero que tienen un alto impacto en la eficiencia del sector público y en su relación con ciudadanos y sector privado.
No obstante, los informes sobre políticas más concretas plantean hallazgos y sugerencias más específicas. El informe sobre políticas activas de empleo ha encontrado dificultades para cuantificar con precisión cuánto se ha gastado y afirma que, dada la heterogeneidad de instrumentos, es difícil saber qué acciones son más eficaces para facilitar el acceso al empleo. En la política de becas universitarias, un hallazgo fundamental es que la cuantía media de la beca no cubre las necesidades de los estudiantes que viven fuera de su domicilio. Ante ello, por ejemplo, AIREF propone que la beca de residencia pase de los actuales 1.500 euros hasta los 2.700.
Los informes serán previsiblemente polémicos, pero cumplen una función de extraordinario interés. Nos ayudarán a desplazar el debate de la política fiscal del improductivo debate sobre cuánto hay que gastar cuando se plantea en términos genéricos, hacia un debate centrado en cómo las políticas pueden responder con eficacia a sus objetivos. Sería un error que los estudios de la AIREF se convirtieran únicamente en instrumento de presión para recortar el gasto público. No es ese su objetivo.
Pedro Caldentey 
Director del Departamento de Economía
Universidad Loyola Andalucía
