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Constituida una mesa de trabajo permanente con los agentes sociales para hacer frente al Brexit

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El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior del Gobierno de Andalucía, Elías Bendodo, ha mantenido una reunión de trabajo con las secretarias generales de UGT y CCOO de Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, y con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, para debatir sobre el Programa Andaluz de Medidas de Preparación y Contingencia frente al Brexit aprobado por el Consejo de Gobierno.

Durante el transcurso de la cita, enmarcada dentro del Diálogo Social abierto entre el Gobierno andaluz y los agentes económicos y sociales más representativos de nuestra comunidad autónoma, se acordó la creación de una mesa de trabajo de carácter permanente entre los participantes para minimizar el impacto en la economía andaluza de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta mesa de trabajo se constituirá en los próximos días.

Bendodo insistió ante los agentes sociales y económicos que el texto aprobado es un documento abierto a todas las aportaciones, tanto de los sindicatos como de los empresarios, de los partidos políticos o de otras instituciones que permitan fortalecerlo. El consejero de la Presidencia explicó a los representantes de UGT, CCOO y la CEA que el Gobierno andaluz ha optado, ante la inminencia del posible Brexit, por aprobar el documento para tener ya listo un plan de contingencia y a partir de ahí el programa podrá adaptarse a las sugerencias que se consideren pertinentes. Durante la elaboración del mismo, sí se han tenido en cuenta las aportaciones de todas las Consejerías del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, al ser la zona más afectada por la posible salida del Reino Unido de la UE.

Igualmente, destacó que las 112 medidas aprobadas cuentan con respaldo presupuestario en 2019 o 2020 dependiendo del tiempo necesario para su ejecución. También detalló a los agentes sociales que la Administración autonómica confía en la implicación del Gobierno central, especialmente en asuntos como la defensa de los derechos de los trabajadores en el Campo de Gibraltar o el reforzamiento del Punto de Inspección Fronteriza del puerto de Algeciras (Cádiz).

La reunión de trabajo con los agentes sociales se suma a otros encuentros que el Ejecutivo andaluz ha mantenido con los alcaldes del Campo de Gibraltar o el llamamiento al diálogo y la colaboración expresada en el Parlamento de Andalucía. El objetivo es trasladar una imagen de “unidad” ante un posible Brexit.

El impacto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en la economía andaluza podría suponer entre 500 y 1.200 millones de euros, en función de que se aplique un Brexit blando o duro. Los ingresos por cuenta corriente provenientes de Reino Unido se pueden cuantificar en 4.078,3 millones de euros en 2018, lo que supone una exposición equivalente al 2,4% del PIB andaluz.

Valoración de los agentes sociales y económicos

El presidente de CEA, González de Lara, valoró muy favorablemente la celebración de este encuentro y la disposición del Gobierno andaluz a consensuar y mejorar las 112 medidas contempladas en el referido plan de contingencia. En este sentido, propuso incidir en algunas cuestiones que preocupan a los empresarios andaluces, como todo lo relativo a temas de procedimiento en materia de concesión de autorizaciones de permisos aduaneros y de otra índole, que puedan afectar con especial incidencia a nuestro sector agroalimentario. A la vez, consideró relevante evaluar los efectos que el Brexit pudiera tener en aquellas empresas andaluzas pertenecientes al sector industrial en materia de importaciones de bienes y servicios procedentes del Reino Unido. Esto es, ofrecer alternativas con otros posibles proveedores, incluso de distintos países, que puedan incorporarse a la cadena de suministros, en sustitución de aquellos que, procediendo del Reino Unido, pudieran afectar a nuestras empresas.

Asimismo, el presidente de CEA consideró de interés que, con motivo del Brexit, se impulsen con firmeza por parte del Gobierno andaluz todos aquellos proyectos estratégicos que se encuentran en fase de tramitación, con especial incidencia en el sector agroalimentario, turístico y energético, y que puedan suponer una oportunidad para la creación de empleo y riqueza en Andalucía.

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, se congratuló de que se constituyera una nueva mesa de diálogo, en este caso sobre el impacto del Brexit, y pidió que este programa de contingencia no se circunscriba solo a la eventualidad de la salida del Reino Unido, sino que sea un plan que apueste firmemente por el desarrollo de la comarca del Campo de Gibraltar, tan castigada por el desempleo y que dé solución a sus problemas estructurales. También incidió en la necesidad de impulsar normas que favorezcan la implantación de empresas y el desarrollo de la industria, que es el sector que crea más empleo de calidad. Además, mostró su preocupación por asuntos como la fiscalidad o doble tributación en el caso de la entrada en vigor del Brexit e incidió en que se deben garantizar las condiciones laborales actuales de los trabajadores transfronterizos, así como el respeto de los derechos de los ciudadanos españoles en el Reino Unido.

Por último, la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, apuntó que, ante una situación de especial trascendencia e impacto como es el Brexit en nuestra comunidad, además de prever las consecuencias, es obligación del Gobierno plantear alternativas de mercado y oportunidades, especialmente en materia de exportaciones, y para ello el sindicato propone campañas de promoción para aperturas hacia otros mercados. Igualmente, la dirigente afirmó que en materia de industria es importante llevar a cabo un trabajo para captar inversores que puedan abandonar Reino Unido, especialmente en el campo de la aeronáutica o el sector automovilístico.

En cuanto a los requerimientos a otras administraciones, el sindicato comparte con el Gobierno andaluz la preocupación por reforzar una estrecha colaboración con la Seguridad Social para garantizar las prestaciones de los trabajadores españoles en Gibraltar y Reino Unido, así como la asistencia sanitaria de los británicos residentes en Andalucía ya que, cuando salgan de la UE, quedarán sin ese derecho.