Si preguntamos a cualquier buscador de Internet por “Transformación Digital en la Administración Pública (TDAP)” respondería con una lista de contenidos que se relacionarían fundamentalmente con dos objetivos: mejora y simplificación de los procesos de relación de los ciudadanos con las administraciones públicas; cambio del paradigma de atención al ciudadano: de sujeto pasivo de normas y procedimientos a cliente receptor de servicios.
Esta visión de lo que debe ser la Administración Electrónica es la que ha predominado en los últimos 20 años. La firma E&Y en un estudio titulado La Administración Digital en España (marzo-2019), evalúa el grado de avance digital de las administraciones en función de distintas temáticas, que comprenden básicamente los canales abiertos entre los ciudadanos y empresas con las administraciones públicas para realizar sus trámites.
Por cierto, en este estudio se define un índice de madurez en la aplicación de las leyes 39 y 40/2015 en el que Andalucía ostenta la sexta posición en el ranking de comunidades autónomas. Esta visión se corresponde con unos objetivos necesarios para impulsar la TDAP, pero creemos que son insuficientes. Si no se asume la TDAP de manera similar a la que se está produciendo en otros sectores como el financiero, el industrial o los servicios, no se alcanzará una convergencia con ellos y la Administración Pública quedará retrasada posiblemente por muchos años.
Andrés Pastor Bermúdez y Pedro Nogales Fuentes han publicado un excelente trabajo denominado: El futuro del trabajo en la Administración Pública, ¿estamos preparados? Se indica: “Hacia el año 2035, la adopción progresiva de la robótica avanzada y de las tecnologías cognitivas permitirá la automatización de numerosas tareas en todos los sectores y profesiones, y significará la desaparición de hasta un millón de puestos de trabajo en las administraciones públicas españolas, a la vez que aparecerán profesiones aún no existentes”.
Cuando hablamos de tecnologías cognitivas estamos tratando con un conjunto muy complejo de disciplinas. Vamos a recurrir a un símil que humaniza las tres más importantes que deben aplicarse: la Inteligencia Artificial (AI) sería el cerebro, que aportaría las capacidades analíticas y de toma de decisiones; el Internet de las Cosas (IoT) serían los sentidos que nos informan de la realidad a través de un ecosistema de sensorización; la cadena de bloques (Blockchain) sería la memoria, que nos permitiría almacenar y recordar de forma inmutable los datos y la experiencia.
Pero éstas serían solo una parte de las capacidades cognitivas. ¿Dónde estarían el resto y las ejecutivas? Siguiendo con el símil propuesto, estarían en los empleados públicos responsables del funcionamiento de la Administración Pública en sus tres niveles.
De esta forma, siguiendo el trabajo de Carles Ramió, El impacto de la inteligencia artificial y la robótica en el empleo público (2018), los colectivos más impactados por el proceso de aplicación de la Inteligencia Artificial y robotización dentro de la Administración Pública serían los que desempeñasen tareas de: – trabajos de carácter administrativo y auxiliar – trabajos burocráticos de medio y alto nivel – Cuerpos de Seguridad, por la aplicación de sistemas de vigilancia cibernética y drones – Fuerzas Armadas, por la tecnificación de la Defensa – conductores de todo tipo de medios de transporte, por los sistemas de conducción autónoma – sanitarios y educadores, en menor medida que los anteriores.
En España existen entre 2,6/2,7 millones de empleados públicos, de los que aproximadamente 1,0 millón (37%) se van a jubilar en los próximos 12 años. Esta situación representa a la vez una amenaza y una oportunidad. La primera se refiere a la pérdida del gran patrimonio intelectual que atesora este grupo y cuya conservación habría que gestionar, la segunda obligaría a pensar muy detenidamente los procesos de reclutamiento y formación permanente que, hoy en día, pueden estar desfasados.
Para terminar, dejamos una pregunta en el aire: ¿podría un robot superar una o varias de las pruebas de acceso a la función pública actualmente habilitadas en los distintos grupos? ¿y dentro de 10 años? Quizá responder a esta pregunta u otras similares facilite una evaluación correcta de la hoja de ruta que hay que proponer en la Transformación Digital de la Administración Pública.
CIBERNOS ha creado un Centro de Innovación en Andalucía, en concreto en la Isla de la Cartuja en Sevilla, denominado Smart Project Excellence Center (SPEC), que pretende impulsar la innovación desde una perspectiva de creación y uso de tecnologías disruptivas y de una aplicación práctica a distintos sectores económicos.
Carlos López Muñoz
Director Técnico
Smart Project Excellence Center de Cibernos