España presenta unos niveles de presión fiscal superiores a la media del entorno de sus competidores. Uno de los elementos que explica esta circunstancia es que los métodos de cálculo que se han utilizado hasta ahora no corregían el efecto distorsionador que provoca la economía sumergida, muy elevada en España.
Dicho de otro modo, el peso relativo de los impuestos respecto al PIB, lo que refleja esa presión fiscal, era artificialmente bajo porque en el cálculo se había tenido en cuenta la economía sumergida dentro del PIB, que en cambio no genera recaudación.
Por ello, el IEE ha diseñado un nuevo indicador denominado presión fiscal normativa, que refleja la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga.
Como resultado, en comparación con los países de la Unión Europea, tomando como base 100 el promedio de su conjunto, España sufre una presión fiscal normativa del 108,1%. Es decir, que soporta una carga un 8,1% superior al entorno europeo.
