Nuestro Estatuto de Autonomía contempla un espacio de participación de la sociedad civil organizada, el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A). Es bastante desconocido en la sociedad pero tiene una importante labor: debe ser consultado sobre las normas y leyes que el Gobierno de la comunidad legisla y que serán de aplicación al conjunto de la ciudadanía andaluza. Los dictámenes e informes que realiza deberían ser de alto interés para el Gobierno, pues recogen el sentir de la sociedad civil organizada y, por tanto, permiten reforzar la participación democrática en el diseño de las políticas públicas.
El CES-A, desde sus inicios en el año 97, se configuró como un espacio permanente de diálogo y deliberación entre la sociedad y el Gobierno, a través de los sindicatos más representativos, organizaciones empresariales, las principales organizaciones agrarias, las organizaciones de consumidores y usuarios, la economía social, representantes de las corporaciones locales, y de personas expertas y con reconocido prestigio de las universidades andaluzas.
Podríamos decir que el Consejo y su actividad se ven reflejadas en dictámenes que han sido incorporados por los distintos gobiernos andaluces en leyes tan relevantes como la que articula la lucha contra la violencia de género, la ley que regula el derecho a una vivienda digna, la ley de transparencia o la ley de Formación Profesional. Además, el hecho de que su reconocimiento venga establecido a través de las leyes y no en función de la voluntad arbitraria de ningún estamento ni grupo de presión, hace del CES un órgano vital, que refuerza nuestras instituciones y nuestra sociedad y hace democracia.
Sin duda, ese valor, junto al diálogo, el debate y la búsqueda del denominador común por parte de sus participantes a través de la conciliación de intereses dispares y, en muchos casos contrapuestos en beneficio del interés general de los andaluces y las andaluzas, son las grandes fortalezas de una institución que, sin ánimo de exclusividad, aspira a ser una de las expresiones más redondas de la capacidad de encuentro del conjunto social de Andalucía.
Para CCOO las instituciones democráticas, el diálogo y la vertebración de la ciudadanía son claves para la salud democrática, más aún en épocas de desconcierto, de confusión y desarticulación como en la que estamos inmersos; de ahí que rechacemos que en otras comunidades autónomas se haya eliminado esta institución bajo la excusa de la austeridad o que, bajo ese falso pretexto, se mantenga en estado vegetativo pero se ignore su valor y función y se desvirtúe la participación de la sociedad civil y, por ende, la democracia.
En el caso de Andalucía, aunque este órgano esté vivo, reclamamos del Gobierno andaluz receptividad y compromiso con la capacidad demostrada por el Consejo y las organizaciones que lo conformamos en los análisis, síntesis y propuestas de medidas y recomendaciones que tienen, como fin último, la mejora de las condiciones económicas, laborales o sociales de la población andaluza. Por tanto, el Gobierno de la comunidad no puede ignorar las propuestas del CES-A, pues menoscabaría su trascendencia democrática y el gran valor social de un órgano que emana del mandato de nuestro propio Estatuto de Autonomía.
Frente a quienes pretenden imponer una sociedad indefensa, sumisa y servil solo cabe responder con más democracia, más participación, más diálogo y más consenso, y eso es lo que nos garantizan instituciones útiles para el análisis, la cohesión y la justicia social como el Consejo Económico y Social de Andalucía.
Nuria López 
Secretaria General de CCOO-A
@nurialomar
