La democracia participativa no se ciñe al voto cuando llegan elecciones, aunque llevemos un año de intensa actividad electoral. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho legal y la obligación ética de ser actores políticos activos y, si así lo consideran, integrarse en las organizaciones más acordes con sus principios: políticas, sindicales, patronales, de consumidores, ecologistas, municipales, vecinales…

Más allá de los partidos políticos, que conforman gobiernos y parlamentos, el órgano participativo más relevante es el Consejo Económico y Social, que constituye una plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación, que tiene sus réplicas en las comunidades autónomas. En Andalucía nuestro CES cumple este año su  20 aniversario. En él está representado un amplio espectro de la sociedad civil y de los agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía: los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, y la patronal CEA; la Economía Social; las asociaciones de consumidores; las corporaciones locales; la Universidad y expertos del Gobierno.

El CES tiene carácter consultivo, y sus 36 miembros trabajan en comisiones específicas buscando un consenso entre posiciones a menudo contrapuestas. Su principal función es la de emitir dictámenes sobre las iniciativas legislativas y otras normas de desarrollo del Gobierno andaluz, que después se convertirán en iniciativas parlamentarias, incluidos los proyectos de ley. Es arduo el trabajo de poner de acuerdo a patronal y sindicatos, a empresarios con consumidores, a expertos del gobierno autonómico con representantes municipales, pero los resultados son el ejemplo más relevante de la participación ciudadana en las leyes que nos rigen.

En los últimos tres años el CES ha emitido más de 35 dictámenes sobre proyectos de leyes como la Ley de Atención a Personas con Discapacidad, Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Ley Audiovisual de Andalucía, la Ley andaluza de medidas frente al Cambio Climático, la Ley de Fomento del Emprendimiento, o la Ley para la Promoción de una Vida Saludable. En todas ellas el Consejo alcanzó un acuerdo unánime y sus propuestas fueron incluidas en el texto finalmente aprobado. En otras, en cambio, no ha sido posible que los acuerdos alcanzados en el seno de este Consejo hayan visto su plasmación en la aprobación de una norma, bien porque haya decaído o porque no se llegara a enviar el texto finalmente al Parlamento. Hablamos de normas tan importantes para Andalucía como la Ley de Formación Profesional, donde se deben sentar las bases para desarrollar la formación dual; la Ley de Agricultura y Ganadería, uno de los sectores motores de nuestra economía, o la Ley de Juventud, ampliamente reclamada para paliar los graves problemas a los que se enfrentan nuestros jóvenes.

La única iniciativa visada el año pasado por el Consejo Económico y Social, que se ha aprobado recientemente en el Consejo de Gobierno de la Junta, ha sido la nueva Ley de Cámaras de Comercio de Andalucía.

Aprovecho la ocasión para reclamar al Gobierno andaluz que sea consciente de la herramienta útil que tiene entre sus manos. Desde la UGT-A llevamos años reclamando su independencia orgánica, funcional y presupuestaria, al igual que el CES de España, ejemplo para otros países en materia de Diálogo Social. Su máximo valor es la capacidad de diálogo y reconocimiento mutuo que los representantes de las distintas organizaciones que conforman el CES de Andalucía nos damos como legítimos interlocutores sociales. Sería, pues, deseable que el Gobierno andaluz lo potencie y lo refuerce.

Termino con una reseña publicada en la revista Cauces, con motivo del 25 aniversario del CES estatal, perfectamente trasladable al de Andalucía: “El CES ha divulgado, prácticamente por todo el mundo, que el diálogo social no puede existir sin la presencia y promoción de unos agentes económicos y sociales que sean representativos, reconocidos como interlocutores válidos, unos respecto de otros, y con respecto a la Administración, fuertes e independientes”.

 

Carmen Castilla Carmen Castilla WEB

Secretaria General de UGT-A

@mc_castilla

 

 

Artículo incluido en el especial sobre el Consejo Económico y Social de Andalucía del número de noviembre de la revista Agenda de la Empresa