Pocas instituciones encarnan el valor del Diálogo Social mejor que el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A). Por eso sería injusto que una efeméride como el vigésimo aniversario del nacimiento de este organismo no tuviese la relevancia que merece. Agradezco a Agenda de la Empresa la oportunidad que me ofrece de participar en este especial sobre una entidad tan querida para la Consejería a la que represento, y tan útil para toda la sociedad andaluza. Dentro de su relativa juventud, es un claro exponente de la madurez que imprime la participación de los agentes económicos y sociales, y la sociedad civil, en la toma de decisiones del Ejecutivo autonómico, fundamentalmente por los valores que representa y que forman parte del patrimonio democrático que todos debemos compartir y defender.
Desde que en 1919 se constituyese el primer Consejo Económico y Social en la Alemania de Weimar, este órgano de consulta y de representación se empezó a generalizar por toda Europa. En España, tuvimos que esperar a la Ley 21/1991 de 17 de junio para poder dar respuesta a una demanda constante de los agentes económicos sociales y algunos partidos políticos desde la aprobación de la Constitución de 1978.
Y en el ámbito autonómico, es cierto que Andalucía no fue una de las primeras en incorporarse. Pese a que la creación del órgano ya se incluye en el Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía de 17 de mayo de 1993, firmado entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales, no es hasta 1997 cuando se aprueba la Ley 5/1997 de 26 de noviembre para la creación del Consejo, que se materializa en la práctica dos años después, en octubre de 1999. En el camino, otras comunidades autónomas ya habían tomado la delantera en los años ochenta, como el País Vasco, Navarra, Asturias, la Rioja, Aragón, Canarias…
Sin embargo, la crisis económica supuso un fuerte retroceso para la red de Consejos Económicos y Sociales autonómicos, porque muchos gobiernos regionales optaron, por motivos de austeridad y ajuste presupuestario, por eliminar sus órganos de participación, o someterlos en otros casos a una reforma profunda.
En este aspecto, Andalucía tomó protagonismo al mantener su Consejo, gracias en parte al fuerte refrendo que supuso el nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, que recogía su figura como una de las instituciones de autogobierno de la comunidad en el Capítulo VI del Título IV, dotándolo de mayor relevancia institucional. En su artículo 132, lo define como “órgano colegiado de carácter consultivo del Consejo de Gobierno en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en asuntos socioeconómicos”.
Hoy podemos decir que el Consejo ha cumplido con creces el papel que le otorga el Estatuto y su ley de creación, como órgano representante de los intereses socioeconómicos de la sociedad, y como institución consultiva permanente que facilita la deliberación y el consenso. Hoy en día se ha constituido como una de nuestras principales garantías democráticas en el ámbito socioeconómico, como órgano independiente y plural que representa al conjunto de la sociedad civil.
Sus más de 150 dictámenes sobre leyes y normativa de amplio calado han sido una guía para los poderes públicos, y garantía de participación, seguridad y transparencia en el procedimiento normativo. Y, por supuesto, el CES sigue desempeñando ese papel de puente en el Diálogo Social, sobre todo en aquellos momentos en los que es más necesaria la voz de la sociedad civil.
En su singladura actual sobresale la figura de su presidente, Ángel Gallego Morales, un hombre de prestigio unánimemente reconocido y de gran capacidad intelectual. Su talante conciliador encarna a la perfección los valores de la institución.
El pasado 23 de julio pude conocer de primera mano el funcionamiento del Consejo Económico y Social participando en su Pleno. En esa sesión ya hice ante los miembros de la institución un reconocimiento de la labor que se hace en ese espacio privilegiado para el acuerdo, canal de comunicación con la sociedad civil en el proceso de creación de las normas, junto a su labor divulgativa y de foro de análisis de nuestra situación socioeconómica. Es una triple función que debe seguir amparada bajo un paraguas institucional al máximo nivel, ya que de los trabajos del CES-A depende también la calidad de nuestra democracia.
La apuesta de este Gobierno por el Diálogo Social la hemos refrendado recientemente con la constitución de tres mesas sectoriales, y el apoyo técnico del CES-A sin duda servirá para encauzar ese diálogo. Debemos afrontar problemas endémicos de nuestra economía regional, como la baja productividad, la baja densidad empresarial, las elevadas tasas de desempleo, la temporalidad, incluso la alta tasa de fracaso escolar, que solo podrán hallar soluciones con la participación de todos.
La labor de análisis del CES-A, que se plasma en sus informes anuales sobre la situación socioeconómica, van a ser de gran valor a la hora de afrontar estas dificultades desde la óptica multisectorial y multisocial que está presente en los tres grupos que lo integran.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, reconoció recientemente el valor de la institución recibiendo de manos de su presidente su último informe anual, un documento imprescindible para conocer en profundidad la realidad de nuestra tierra. Únicamente me queda felicitar al CES-A y apoyar que continúe con su labor de encuentro y participación, que constituye su finalidad institucional.
Rocío Blanco Eguren 
Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
@EmpleoJunta
