Resulta en los tiempos que corren especialmente complejo predecir los posibles escenarios a los que la economía española deberá enfrentarse en el futuro más inmediato.
De una parte, nuestra economía, influenciada por factores internos de gran trascendencia y gravedad, tales como los derivados de la cuestión catalana o de la persistente inestabilidad política parlamentaria, que está impidiendo la existencia de un gobierno fuerte y estable capaz de promover medidas legislativas de apoyo al sector productivo, y de acometer las reformas estructurales que España necesita, se está viendo lastrada de forma importante.
Una incertidumbre política que nos cuestiona, asimismo, sobre cuál será la evolución fiscal y de las finanzas públicas en función del color político que adquiera el futuro gobierno de la nación.
En el último informe de la OCDE se constata que nuestra economía se encuentra en fase de ralentización, con unas previsiones de crecimiento rebajadas en dos décimas para el 2019, al 2%, y en tres décimas para el 2020, al 1,6%. Por si estos datos fueran poco preocupantes, las estimaciones de la Comisión Europea resultan aún menos halagüeñas, al situar ambos datos en el 1,9% y el 1,5% respectivamente.
Se vislumbra pues un escenario de un pesimismo creciente, a pesar de que las previsiones de crecimiento de la economía española sigan siendo mejores, en cuatro décimas, que las de la media de la Eurozona, y que las de países como Alemania o Francia.
Esta ralentización afectará sin dudarlo negativamente al crecimiento del empleo, cuya tasa de paro se irá reduciendo a un ritmo más lento, y a la inversión de las empresas, la cual se espera pierda dinamismo en los próximos años a pesar del repunte previsto para el 2020 gracias al impulso de la productividad, del consumo interno y de los bajos tipos de interés.
De otro lado, en el orden internacional, la economía española no resulta ajena a factores de incertidumbre muy relevantes, tales como la ya dada por segura salida del Reino Unido de la Unión Europea; las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos; el auge de los populismos y de los nacionalismos contrarios al proyecto comunitario; las crecientes tensiones vinculadas a fenómenos como la inmigración; la exposición a los riesgos financieros de carácter global; o la persistencia del fenómeno del terrorismo internacional o de las tensiones bélicas existentes en ciertas partes del mundo.
No ayudan a mejorar este panorama de incertidumbre los desajustes estructurales propios de nuestra economía, que continúan sin ser debidamente afrontados. Me refiero a cuestiones esenciales, a la par que recurrentes, tales como la falta de productividad de nuestras empresas de determinados sectores estratégicos; la carencia del tantas veces reclamado Pacto por la Educación; la complejidad de la ordenación territorial de nuestro país; o la cuestión demográfica, con los riesgos que ésta lleva aparejados en materia de inviabilidad del Sistema Público de Pensiones.
A pesar de todo ello, debemos seguir trabajando con confianza en nuestro futuro como proyecto colectivo. Si cada día nos levantamos con determinación por intentar conseguir alcanzar nuestros propios objetivos individuales y empresariales, sin amilanarnos por las circunstancias del entorno, no tengo dudas de que finalmente saldremos adelante.
Juan Carlos Hernández Buades 
CEO de CEU San Pablo Andalucía
Director General de sus centros educativos
