La incertidumbre que tenemos en el panorama político español se traduce inevitablemente en una incertidumbre en el aspecto fiscal.
Cuando escuchamos decir a un político que se van a realizar mayores inversiones todos sabemos que se traduce en mayores impuestos para los ciudadanos.
En pocas ocasiones escuchamos que los recursos serán los mismos pero que se van a distribuir de manera más eficiente, es decir, sin que suponga un aumento de impuestos. Y tampoco nos informan de las consecuencias que una medida tendrá en otras facetas importantes, es decir, los “daños colaterales”. Por ejemplo, una subida de impuestos a las empresas puede conllevar la búsqueda de alternativas que, a largo plazo, podría suponer el desplazamiento de empresas a otros países, despidos de personal, etc.
Parece que en el I.R.P.F. se contempla una posible subida de dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros, y de otros dos puntos adicionales para las que superen los 300.000 euros. Sin embargo el número de contribuyentes en esta situación es muy pequeño y, por lógica, tendrá recursos para buscar alternativas para una tributación más baja, lo que sin duda reduce el resultado práctico de la medida.
En el Impuesto sobre el Patrimonio, las grandes fortunas con un patrimonio superior a diez millones de euros pueden ver aumentada su tributación en un uno por ciento. Pero lo cierto es que en este impuesto se aplican bonificaciones autonómicas con lo cual, en la práctica, lo más probable es que esa medida no sea tan recaudatoria como parece en un principio. De hecho, el Impuesto sobre el Patrimonio no ha sido nunca un impuesto “recaudatorio” sino más bien “controlador”, es decir, controlando el patrimonio de los contribuyentes Hacienda tiene información de los ingresos que una persona ha podido tener en el año y esos ingresos son los que tributan en el I.R.P.F.
En el Impuesto sobre Sociedades se ha debatido mucho acerca del tipo impositivo real que pagan las empresas. En principio, el tipo impositivo es del 25 por ciento, pero es verdad que después se aplican ciertas bonificaciones o deducciones que están más al alcance de las grandes empresas, con lo cual el tipo efectivo se ve reducido hasta llegar al 15 ó 18 por ciento para estas empresas. Podría ser que el tipo de gravamen se redujera del 25 al 23% para las empresas que facturen menos de un millón de euros.
Como nuevos tributos se contemplan: una tasa tecnológica, con el fin de que se paguen impuestos en los países donde se generan los beneficios (si bien esto debería aplicarse en todos los países de forma coordinada), una tasa sobre las transacciones financieras y un impuesto sobre determinados servicios digitales.
Se incrementarán también las tasas administrativas (más de un 7%) y subirán los impuestos al gasóleo profesional (aunque al parecer no afectará a transportistas y agricultores).
Pero todo esto está por ver… para aprobar nuevas medidas y nuevas leyes antes tiene que haber un gobierno que las proponga, y en el momento de escribir este artículo esto todavía se ve bastante lejos.
En definitiva, si hay algo cierto es que se nos presenta un futuro incierto.
Mercedes Sampedro 
Abogada y Asesora Fiscal
