Incorpora entre los agentes sociales y económicos a los autónomos
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado la tramitación de una Ley de Participación Institucional destinada a regular las relaciones entre la Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la comunidad, en el ámbito de la Administración autonómica.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, competente en materia de concertación y diálogo social, trabaja ya en las actuaciones necesarias para la elaboración y aprobación de esta nueva ley que, por primera vez, regulará el diálogo con empresarios y sindicatos e incorpora a los representantes de los trabajadores autónomos.
Esta futura norma constituye una de las prioridades marcadas por la Consejería de Economía para esta legislatura y dará respuesta a una demanda reivindicada durante años por los sectores económicos y sociales. Dicha ley permitirá dotar, por primera vez, de un marco legal y, por tanto, normalizar la actividad que ya venían desarrollando estos agentes en el seno de la Administración. En su articulado se fijarán los objetivos de esta cooperación, se establecerán sus reglas de juego objetivas, transparentes, eficaces y equitativas; y se detallarán su organización y funcionamiento.
El futuro texto normativo definirá la figura de agente representativo, especificando quién debe y puede participar, y dará cabida a los representantes del trabajo autónomo. Además, desgranará los derechos y deberes de empresarios y sindicatos en el marco de la Administración, fijará los límites de los organismos en los que podrán participar, y marcará la financiación para compensar dicha dedicación.
La participación institucional es una forma de diálogo social circunscrita a las estructuras administrativas, que se materializará mediante la presencia de sindicatos y empresarios en determinados órganos constituidos por las distintas entidades públicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.
En Andalucía, pese a la experiencia acumulada en materia de concertación social en anteriores legislaturas, no se había abordado hasta ahora la normalización por ley de la participación institucional, pese a su valiosa contribución a la cohesión social y al progreso económico.
Esta cooperación aporta más legitimación política y transparencia a la acción de los gobiernos y constituye un instrumento para el fortalecimiento de la gobernanza democrática, redundando a largo plazo en la estabilidad socioeconómica, la consolidación del mercado de trabajo y la competitividad de las empresas. Igualmente, mejorará la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas si, con carácter previo a su implementación, estas acciones cuentan con el respaldo y con el consenso previo de representantes sindicales y empresariales.
La elaboración de esta ley, que responderá a los principios del Derecho Social y estará en consonancia con las recomendaciones de la Unión Europea o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), partirá de un borrador en el que ya ha trabajado la Consejería de Economía en colaboración con las principales organizaciones sindicales y empresariales de la comunidad.
