Por fin un gobierno en España salido de las urnas, sin los condicionantes de la interinidad. Y además progresista, con un programa que pretende recuperar para la ciudadanía los derechos perdidos durante la crisis y aplicar los cambios necesarios para prepararnos en la sociedad de la digitalización y la sostenibilidad medioambiental. Sabemos que gobernar no será fácil: con dos visiones diferentes de la izquierda en el Ejecutivo, teniéndose que poner de acuerdo con independentistas y en total, hasta nueve fuerzas políticas, para sacar leyes adelante: pero desde nuestra perspectiva sindical la situación es ilusionante para lograr los retos que necesita nuestro país.
UGT plantea al gobierno unas reivindicaciones muy acordes con la agenda internacional 2030. En UGT Andalucía hemos presentado ya dos informes relacionados. En ellos, analizamos por sectores, los problemas que tiene Andalucía, marcamos unos objetivos claros para 2020, y proponemos las soluciones para alcanzarlos.
Andalucía necesita convertir toda esta vorágine de cambios en una oportunidad. Tenemos que dotarnos de un modelo de desarrollo socioeconómico lo suficientemente estable como para hacer frente a posibles nuevas crisis cíclicas que puedan venir.
A finales de 2020, la tasa de paro debería ser como la de antes de la crisis, inferior al 15%, un descenso de casi 7 puntos. Hay que promover un cambio de modelo productivo que prime la industrialización, la sostenibilidad de todas las actividades económicas y la inversión en innovación.
Exigimos derogar las dos últimas reformas laborales que han provocado la precarización de nuestro mercado laboral y el empobrecimiento de la clase trabajadora y retomar el desarrollo de un Plan Especial de Empleo para Andalucía, de forma consensuada entre las distintas administraciones y los agentes sociales más representativos.
Volver a poner en valor la negociación colectiva eliminando la primacía de los convenios de empresa y salvaguardando la vigencia de los convenios colectivos mediante la ultraactividad.
Tienen que aumentar los ingresos de los trabajadores mediante una Ley de Ingresos Mínimos, elevar el SMI a los 1.000 euros, junto a una subida media del 3% en los convenios colectivos. Exigimos la puesta en funcionamiento real de planes de igualdad en todas las empresas andaluzas y apostar por el contrato de relevo como fórmula de incorporación de nuestros jóvenes a las empresas.
Hay que incrementar las inspecciones en prevención, y realizar campañas de concienciación social, porque no nos podemos permitir otro año como el 2019 con 118 fallecidos por ir a trabajar.
Respecto a los desafíos sociales, es indignante que la tasa de pobreza en Andalucía se sitúe en el 32%, o que el 8% de la población andaluza no pueda comprar carne o pescado por falta de recursos. Como consecuencia, la demanda de servicios sociales ha aumentado y, aunque se han reforzado, no son suficientes para atender el incremento de personas que buscan unos recursos básicos.
Continúa el deterioro de los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad, la educación y la dependencia. Cierto es que el gasto en el Presupuesto de la Junta ha aumentado en estos temas un 5,7%, pero el aumento no siempre va enfocado a paliar las deficiencias en la gestión del sector público y mejorar la calidad del servicio y las prestaciones.
En dependencia ha crecido mucho la cola de las personas que esperan ser valoradas, que ha aumentado en más de 14 mil.
Si a esta situación sumamos la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad (un 36,39% entre 2014-2019) como de alquiler (un 7% tan solo en 2019), podemos entender el desencanto social con las políticas que no se dirigen a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Desde UGT seremos exigentes en la adopción de medidas que supongan la redistribución de la riqueza, el cumplimiento de derechos sociales, y el desarrollo de unos servicios públicos de calidad.
Carmen Castilla 
Secretaria General de UGT-A
