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Revista de marzo de   Agenda de la Empresa

 

La Inteligencia Artificial, vista como el conjunto de algoritmos planteados con la intención de crear máquinas con funciones cognitivas propias del ser humano, está cambiando el mundo tal y como lo conocemos hasta ahora, afectando a todos los sectores de nuestra vida: personal, laboral…

Por ello, su impacto en la sociedad, en los valores y en la ética es algo de lo que la IA también debe ocuparse.

No se trata de que la IA compita con los humanos para ser mejores, sino de que exista una coexistencia pacífica, una colaboración entre ambos tendente a la mejora de la calidad de vida de toda la sociedad.

Desde un punto de vista jurídico, surgen numerosas cuestiones que deben ser analizadas, como si estos robots autónomos tienen personalidad jurídica, si tienen responsabilidad por los daños que causen en el desempeño de sus funciones… Cuestiones de responsabilidad civil, penal, de propiedad intelectual, industrial, etc., de estos robots autónomos, acabarán configurando, sin lugar a duda, una nueva rama jurídica. Con el actual marco jurídico, la IA, al no tener personalidad jurídica, ni asume ni puede asumir responsabilidad alguna, no siendo sujeto ni de derechos ni de obligaciones. Así, no puede ser considerada responsable de los actos u omisiones que causan daños a terceros, ya que no es más que un medio del que se sirve el hombre para su utilidad, individual y colectiva, y la consecución de fines lícitos. Por ello, la responsabilidad podrá recaer sobre el fabricante, programador, propietario o usuario, dependiendo de las actuaciones llevadas a cabo por éstos en el desempeño de sus funciones y su relación con el daño causado.

La Unión Europea, a través de su Comisión, se encuentra actualmente estudiando diferentes formas para endurecer las condiciones que se imponen a los desarrolladores de IA, con el objetivo de que esta tecnología sea desarrollada y usada de manera ética. Porque, si bien la IA está ya regulada en la Unión Europea en muchas áreas, como el Reglamento General de Protección de Datos o en la responsabilidad de productos defectuosos, entre otras, también ha generado algunas lagunas que requieren una cierta implementación legal para que la misma sea usada de una manera ética y que respete la privacidad de los ciudadanos europeos.

 

Ainhoa García Flórez Ainhoa web

Abogada de Legálitas