Hace menos de un mes apenas se intuía la magnitud de la crisis que está provocando el Covid-19. En opinión de la OCDE, esta pandemia supone la mayor crisis del siglo XXI, tras el 11-S y la crisis financiera mundial de 2008. Se trata de una crisis de salud pública sin precedentes en la historia reciente que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta colectiva y está provocando un alto coste en vidas humanas, causando una enorme incertidumbre.
Las medidas que se han ido aplicando en los distintos países son necesarias para contener el avance del virus, pero tienen un importante impacto económico. Este impacto es doble: por un lado, se ha producido un frenazo en la producción de los países afectados que a su vez ha incidido en las cadenas de suministro de la economía mundial, muy interdependiente en el actual contexto de globalización; y, por otro, se ha producido una contracción del consumo y un desplome de la confianza.
En un primer intento de cuantificar el posible impacto del Covid-19, la OCDE señalaba a principios de marzo que el crecimiento global podría reducirse en torno a medio punto porcentual, suponiendo que la epidemia alcanzase su punto álgido en China en el primer trimestre del año, aunque el crecimiento sería aún más débil si el impacto resultase más duradero e intenso, y la epidemia se propagase más ampliamente. En este caso, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría disminuir hasta el 1,5%, la mitad de lo previsto el pasado noviembre, y varias economías podrían entrar en recesión, incluidas Japón y la Zona Euro. Pero, ahora, el escenario parece incluso más grave.
La incertidumbre y la volatilidad ha sido la nota dominante en los mercados financieros, registrando los índices bursátiles caídas históricas, lo que ha llevado a los principales bancos centrales a tomar medidas con el fin de evitar un impacto aún mayor. Ya a principios de marzo, la Reserva Federal estadounidense celebró una reunión no planificada, por primera vez desde 2008, en la que decidió recortar sus tipos de interés, bajada que también realizaron el Banco de Canadá o el Banco de Australia. Además, los bancos centrales han anunciado medidas coordinadas para aumentar la provisión de liquidez, en un intento de aliviar las tensiones de los mercados mundiales de financiación.
Por su parte, el Banco Central Europeo anunció el 18 de marzo la puesta en marcha de un nuevo programa temporal de compra de valores del sector público y privado por importe de 750.000 millones de euros. Además, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ha adoptado decisiones en el ámbito de la supervisión bancaria para garantizar la financiación al sector productivo y hogares.
En la Zona Euro, el BCE estima que el PIB podría crecer un 0,8% este año, si bien considera que en escenarios más adversos (brote más duradero y perturbaciones adicionales de los mercados financieros y los precios del petróleo) el crecimiento podría llegar a ser entre 0,6 y 1,4 puntos porcentuales inferior al señalado. Sin embargo, estos escenarios no tienen en cuenta las medidas de política monetaria y fiscal orientadas a mitigar estos efectos. Entre ellas, la Comisión Europea propuso el pasado 20 de marzo la activación de la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que permitiría a los Estados miembros adoptar medidas para hacer frente a la crisis, alejándose de sus objetivos presupuestarios. Pero la magnitud del desafío es tal que desde diversos foros y organismos se alude a la necesidad de poner en marcha otras herramientas, como aquellas que refuercen la capacidad de compartir el riesgo presupuestario de los Estados miembros (“coronabonos”).
España se ha convertido, de momento, en el segundo país europeo más afectado por esta pandemia, tras Italia. El incremento exponencial de contagios en la segunda semana de marzo llevó al gobierno español a decretar el estado de alarma el pasado 14 de marzo, lo que ha supuesto la puesta en marcha de medidas estrictas de confinamiento de la población, que al menos van a prolongarse durante un mes. Asimismo, se ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias, que supondrá la movilización de hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB.
La magnitud de este shock es tal que introduce una complejidad sin precedentes en la elaboración de previsiones, de forma que cualquier estimación del impacto del Covid-19 sobre la economía debe tomarse con mucha cautela, un impacto que además dependerá de la duración de la epidemia. Aun así, en una economía como la española o la andaluza, en la que una de sus principales actividades, como es la turística, está paralizada, el impacto es obvio, aunque el coronavirus tiene un alcance mundial. Por este motivo, desde distintos organismos y gobiernos se considera necesaria una mayor ambición y coordinación en la respuesta a esta crisis, sin descartar un “Plan Marshall” a escala mundial para reactivar la economía tras el control de la pandemia. Ahora, lo importante es parar la epidemia, más tarde llegará el turno de la reconstrucción y la recuperación. La sociedad ya ha mostrado otras veces su capacidad de resiliencia y, sin duda, volverá a hacerlo.
Felisa Becerra Benítez 
Analistas Económicos de Andalucía
