Desde el 13 de marzo, fecha en la que el presidente del Gobierno anunció su intención de declarar el estado de alarma, hasta nuestros días, la inseguridad jurídica, la incertidumbre, la inestabilidad y la modificación constante de las circunstancias ha sido la nota dominante en todo lo relativo al ejercicio de la libertad de empresa en España.
Desde las organizaciones empresariales se ha sido conscientes de la trascendencia del problema sanitario que se cernía sobre España y, en tal sentido, se ha actuado con una gran preocupación hacia el principal activo de las empresas: las personas.
La vigilancia y cuidado de la salud ha sido la máxima prioridad, eso sí, lastrada por la falta en el mercado de medios de protección suficiente, así como de un contexto marcado por la incertidumbre sobre la eficacia o no de los mismos, ante la constatación de que quedaba mucho por conocer de la forma de desarrollarse epidemiológicamente el virus que nos está asolando.
En este contexto las organizaciones empresariales han asumido su papel de representación del colectivo empresarial de una forma admirable. Se ha tratado por todos los medios de llevar a empresarios y autónomos la información más fiable, intentando siempre usar solo textos y datos de carácter oficial.
Para que se pueda entender el esfuerzo realizado, desde el 14 de marzo, todos los días del mes se ha publicado el BOE con novedades sobre el estado de alarma; en abril, solo ha dejado de publicarse los domingos 5 y 26; y en mayo, nuevamente todos los días hasta la edición de este texto.
En el caso del BOJA han sido menos lo publicado los fines de semana, “solo” siete boletines en fin de semana, pero desde principios de marzo a mitad de mayo, se ha producido la publicación de otros 15 boletines extraordinarios a lo largo del día. Además, estos boletines, tanto de BOE como de BOJA se han publicado a horas muchas veces intempestivas y en muchos casos con su entrada en vigor justo a las 00.00 del día siguiente.
Pero, no se ha tratado solo del número, sino también del alcance. Han sido más de una decena los decretos leyes publicados tanto por el Estado, como por la Junta de Andalucía, con contenidos que afectaban a sectores muy diversos, con alteraciones sustanciales de la actividad empresarial contenidas en disposiciones adicionales o en algún párrafo “escondido” en textos legislativos de más de 30 o 40 páginas.
Asimismo, a todo ello hay que sumarle la constante producción de informes, recomendaciones, instrucciones, interpretaciones, desprendidas de fuentes oficiales desde el Ministerio de Sanidad, al Consejo General del Poder Judicial, pasando por una Dirección General de la Junta de Andalucía o un bando municipal.
Toda esta información, sectorializada, transformada y en muchas ocasiones interpretada, ha sido remitida por la Confederación de Empresarios de Andalucía a toda su base asociativa. Asimismo, también se han generado jornadas y seminarios para abordar y trasmitir la realidad de los principales sectores miembros de CEA.
Pero además, en el ejercicio de su función representativa, la Confederación no solo se ha dedicado a remitir información a sus asociados, sino también con carácter inmediato a recabar la misma para conformar un amplio listado de preguntas, propuestas e interpelaciones que CEA ha ido transmitiendo a las autoridades e instituciones competentes, como Junta de Andalucía, Delegación del Gobierno de España en Andalucía y FAMP, que han reconocido la labor de la Confederación dispensándonos un trato muy ágil y efectivo, contribuyendo a resolver y plantear en los ámbitos oportunos las cuestiones planteadas, siendo constante la interlocución tanto con los máximos responsables políticos, como con los equipos administrativos y de gestión.
Igualmente, por parte de la Confederación se ha ejercido el papel reivindicativo necesario, sobre todo solicitando flexibilización del mercado laboral y la generación de financiación suficiente para el mantenimiento de la actividad de las empresas, requiriendo compromisos de carácter fiscal y financiero a las distintas administraciones, y promoviendo medidas concretas adaptadas a las necesidades de cada uno de los sectores de actividad afectados por la crisis.
En pleno proceso de desescalada, con una previsión por fases, también cambiante, la acción de la Confederación ha estado muy volcada en generar en paralelo un posicionamiento empresarial firme para promover las medidas necesarias en favor de las empresas, al objeto de articular una respuesta rápida que facilite la continuidad de las mismas.
Una propuesta que incorpora medidas tradicionales como la agilización administrativa o el apoyo a la inversión productiva, pero que también ha incorporado cuestiones coyunturales como medidas concretas para la flexibilización del mercado laboral, el incremento de oferta de financiación para las empresas, reducciones fiscales o ayudas para la implantación de las medidas sanitarias para continuar con el ejercicio de la actividad.
Desde la Confederación de Empresarios de Andalucía estamos convencidos que es el momento de acompañar a nuestras empresas, de representarlas y contribuir al ejercicio de su actividad, y en eso estamos y vamos a seguir estando total y absolutamente comprometidos.
Luis Fernández-Palacios 
Secretario General de CEA
