En 1996 el Nobel Paul Krugman publicó en la Harvard Business Review un artículo (luego convertido en breve libro) con el título A Country Is Not a Company(1), enunciado que adelantaba una interesante aunque obvia exposición de las diferencias entre un país y una empresa y, ya de paso, de los distintos conocimientos y competencias que reclaman la formulación de las políticas económicas, de un lado, y la dirección de los negocios, por otro.
Tampoco un municipio, una provincia o una región es una empresa “stricto sensu”, y puede resultar aventurado hablar de Andalucía como empresa. Sin pretender enmendar la plana al admirado “gurú” y reconociendo esas diferencias, cabe sin embargo identificar notables paralelismos y enriquecedoras relaciones entre los procesos económicos que se dan en ambos tipos de instituciones. Todo resulta menos contradictorio si, por ejemplo, el objetivo de “empleo” que atribuye Krugman al Estado y el de “beneficio” que adjudica a la empresa, se sustituyen por la “creación sostenible de valor”.
En las recesiones o depresiones económicas, como en las grandes catástrofes, siempre se apela a la intervención de Estado. Los muy pragmáticos estadounidenses nunca han vacilado en inundar el mercado con liquidez, proteger a sus empresas del cierre, transferir rentas a sus ciudadanos y en última instancia convertir en público lo que era privado. Hasta los más derechosos republicanos americanos siempre han entendido que para superar las grandes crisis hace falta alguien que tenga simultáneamente dos raras cualidades: paciencia y dinero. Ni las empresas ni los individuos, mortales y con recursos limitados, las tienen. Sí las tiene el Estado, las mismas que mal utilizadas pueden conducir a conflictos bélicos, al imperialismo o al intervencionismo estatal totalitario. Y los partidos de EE. UU. coinciden políticamente en esa solución coyuntural porque nadie piensa que no sea reversible, que se pretenda aprovechar el proceso para transformar el sistema económico en una dictadura colectivista con modelos y resultados conocidos, ni se transforme la excepcionalidad política en un definitivo cambio de régimen y de sociedad. Por eso se acepta el uso accidental y práctico de todo lo que ofrece la caja de herramientas socioeconómicas, entre ellas las que utilizaría cualquier empresa.
Si pensamos en Andalucía como empresa (mejor como empresa de empresas) se advierte que su estructura económica va a necesitar financiación abundante y barata, pero no solo eso. La financiación tarda tiempo en madurar en resultados, y el incremento de productividad hay que alcanzarlo también por otros medios, entre ellos la reducción de costes y la eliminación del gasto improductivo tanto público como privado. Como el shock ha sido de oferta y de demanda, y son inevitables los efectos de segunda vuelta (menos empleo, menos rentas, menos demanda y de nuevo menos empleo), las transferencias deben extenderse a los oferentes (empresas) y a los demandantes (consumidores/trabajadores) y así lo van entendiendo muchos en Europa y América. Atrapados en la trampa de liquidez, las políticas monetarias pueden ser un obstáculo si son erróneas, pero ya difícilmente un incentivo. Las políticas fiscales jugarían el papel principal a través de unas vacaciones fiscales que deben afectar a un buen numero de tributos, con la intensidad y la duración que se determine. La deuda debe soportar los déficits, aprovechando que ahora es barata (e insisto que “por ahora”) y se puede colocar a muchos años de plazo.
Si existieran fondos para inversiones habrá que hacer una selección cuidadosa que atienda a su rentabilidad económica y social a medio plazo, y prescindir de todo aquello que solamente suponga rendimientos inmateriales en términos de ideología o de una mal entendida calidad de vida. Entre lo público y lo privado, colaboración y confianza se exige.
Toda empresa implica la detección de una demanda insatisfecha y la especificación de los bienes servicios que se van a producir. No parece que sea el momento de hacer experimentos. Sabemos cuáles son los sectores andaluces más competitivos, con mayor efecto de arrastre y mayor capacidad de generación de empleo. Sabemos dónde el tejido empresarial es más potente y competitivo. Y por supuesto sabemos que quienes mejor lo saben son los empresarios que son los que se juegan sus ahorros y su prestigio. Se trata de dejarles decidir libremente y no poner obstáculos innecesarios a su actividad. Ni más ni menos.
(1) https://hbr.org/1996/01/a-country-is-not-a-company
Manuel Ángel Martín López 
Presidente del Consejo Empresarial de Economía y Financiación
CEA
