La elaboración por las Administraciones Públicas de los planes de recuperación, reconstrucción o reactivación económica evidencian que ya estamos en camino hacia la crisis económica, en la que hemos entrado aún sin haber superado la crisis sanitaria. Para poder neutralizar el efecto negativo de la pandemia del COVID-19 en lo económico, se debería afrontar no como un hándicap, sino como una oportunidad para acelerar aquellos procesos que, desde el medio ambiente, faciliten el desarrollo de la actividad. Procesos, que llevan bastante tiempo inmovilizados.
En la salida de la anterior Gran Depresión Económica se ha podido comprobar el indiscutible y vital papel que ha representado la inversión privada, cuyos efectos en la generación de empleo y crecimiento económico -incluso en relación con el resto de la Europa del Norte- han sido impresionantes.
Uno de los elementos que llaman poderosamente la atención en esta nueva crisis, en su vertiente sanitaria, es cómo la burocracia ha influido en su solución, pues resulta especialmente elocuente cómo los diferentes gobiernos se han visto superados una y otra vez por el paradigma de estas viejas burocracias con sus viejos enfoques. Salir de este bucle requiere un profundo cambio, porque el mundo y con él la economía están cambiando profundamente.
Que el medio ambiente es un valor es indiscutible, que es una oportunidad en inversión y creación de empleo, lo constata el gran pacto mundial por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. También lo es por la clara apuesta de la Unión Europea por mantener sus políticas ambientales a pesar de la crisis sanitaria. Así, mantiene su Estrategia renovada sobre Finanzas Sostenibles, el Plan de Aumento Objetivo 2030, la Estrategia de Baterías o la revisión TEN-E (Redes Transeuropeas de Energía).
Pero también se sigue constatando que es necesaria una normativa precisa, efectiva y clara que proteja e incentive la transición hacia nuevos modelos económicos sostenibles.
Por su parte, la ineficaz gestión procedimental constituye un obstáculo a la fluidez en el desarrollo de las inversiones, ahora tan necesaria para salir de esta crisis económica, que da sus primeros pasos a gran velocidad.
Para salvar esta situación planteamos algunas propuestas, derivadas de nuestros análisis y experiencia, que podrían ayudar a que los procedimientos ambientales no colapsen la reactivación económica por la crisis sanitaria.
Son cuatro medidas pensadas para los procedimientos en curso; es decir, para proyectos en tramitación, atrapados y paralizados por la desidia burocrática medio ambiental.
1. Aplicación de la tramitación de urgencia del art. 33.1 Ley 39/2015, tal y como ha hecho la Dirección General de Urbanismo para los expedientes de modificación de planeamiento urbanístico. De aplicación sencilla y también de efectividad inmediata.
2. Caducidad no automática de las Actuaciones Ambientales Unificadas AAU´s. El fundamento de esta medida es rotundo: su efectividad inmediata. Su base es la jurisprudencia del TSJA fijando el criterio jurídico que declara no ajustada a Derecho las caducidades automáticas de las AAU´s realizadas por la Junta de Andalucía.
3. Declaración Responsable en el Informe Sectorial de Aguas y/o externalización de estos informes. Este departamento es el que más tarda con mucha diferencia en emitir los informes sectoriales.
La solución puede ser bien la declaración responsable; es decir, que estos informes sectoriales los elaboren profesionales bajo su responsabilidad, dejando a la Administración su verificación en un plazo determinado, bien la externalización del servicio apoyándose en el sector privado.
4. Optimización de los recursos humanos existentes. La optimización no supone un incremento del gasto público, supone una gestión más eficaz de los citados RR. HH. existentes en la Junta de Andalucía, incluido el personal laboral, salvaguardando las labores del funcionariado.
Manuel Mingorance Martín 
Presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente
CEA
