Analizando los meses de abril de 2019 y 2020, la demanda de electricidad cayó un 17,3%, al coincidir en este mes las dos semanas de parón total de la actividad no esencial, y pese su efecto en los resultados de las empresas, el sector está llamado a ser clave en la ‘re-escalada’ de nuestra economía, con una inversión potencial de 25.000 millones de euros en el horizonte 2030, de los que 20.000 millones corresponderían a energías renovables, 3.500 millones a red de distribución y 1.500 millones a red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, I+D+i y ahorro y eficiencia energética.
Por tanto, hay que seguir apostando por el desarrollo de las energías renovables en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) y de la programación de la Junta de Andalucía, que propone la instalación de 26.000 MW adicionales, de los que 23.500 MW corresponderían a grandes parques fotovoltaicos, 500 MW a pequeñas instalaciones de autoconsumo fotovoltaicas y 2.000 MW a parques eólicos.
Estas inversiones en energías renovables requieren ciertas condiciones facilitadoras, entre ellas:
- Seguridad jurídica, supresión de trabas administrativas, y dotación de recursos para agilizar los procesos de autorización.
- Resolver los aspectos que han motivado la presentación del recurso de inconstitucionalidad del RDL 2/2020 de “Mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía”.
- Aprobación por el Gobierno de España la “Planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2021- 2026”, y terminar las obras en curso de la planificación en vigor para disponer de puntos de conexión a la red que permita la evacuación de la energía producida.
- Conocer cuál es la predisposición de las empresas promotoras a invertir, en la situación actual de contracción de la demanda, convocando subastas similares a las de 2016 y 17, que prioricen las inversiones que ofrezcan mejor precio.
- Incentivar un plan para la repotenciación de los parques eólicos, que implica la amortización anticipada de aerogeneradores menores de 1 MW por máquinas de mucha mayor capacidad de producción.
- Simplificar la promoción de pequeñas instalaciones de autoconsumo.
- Adicionalmente sería de gran interés crear una industria auxiliar que permita maximizar la retención del valor de estas inversiones, que ahora no superarían los 5.000 millones.
El segundo esfuerzo inversor que puede realizar el sector, tiene que ver con el desarrollo de redes eléctricas inteligentes a realizar por las empresas distribuidoras, estimado en 3.500 millones en la década y que podrían concentrase en sus primeros años. Estas inversiones, que deberían venir acompañadas de inversiones en el sector de las telecomunicaciones, son especialmente necesarias en el ámbito rural.
Por último, habría que añadir otros 1.500 millones destinados a desarrollar la red de recarga de vehículos eléctricos, al ahorro y eficiencia energética y a proyectos de I+D+i, especialmente en sistemas de almacenamiento de gran capacidad necesarios para un mejor aprovechamiento de las renovables.
En resumen, el sector eléctrico está llamado a ser clave en la ‘re-escalda’ de nuestra economía, con una inversión en el horizonte 2030 estimada de 25.000 millones, ratificando el fuerte compromiso de nuestra tierra por la lucha contra el cambio climático, la apuesta por el mundo rural, que deben seguir siendo pilares de la estrategica de desarrollo sostenible de Andalucía.
Nota: El articulo está escrito sin analizar las nuevas leyes de Cambio Climatico de España y la de Sostenibilidad en Andalucia que inician estos días sus tramitaciones.
Pedro Méndez Zubiría 
Presidente de la Comisión de Energía de CEA
