Antes de analizar el actual mapa administrativo y el horizonte burocrático, y dada mi experiencia institucional como presidente de la Junta de Andalucía y anteriormente tanto en la política municipal como en el Gobierno central, permítanme resaltar que en muy pocas ocasiones se demuestra mejor el valor y el sentido tangencial de la Administración Pública que durante una pandemia como la que, por desgracia, padecemos desde hace un semestre y contra la que nos toca combatir cada día. Si imaginamos la irrupción de la COVID-19 sin una red sanitaria pública custodiada por los enormes profesionales que la integran, sin las ayudas extraordinarias destinadas a las empresas y familias más desamparadas en un escenario tan imprevisto, sin el despliegue del Ejército y de todas las policías a la hora de preservar la seguridad en cada rincón del país… el panorama al que nos enfrentaríamos resultaría, sin duda, absolutamente dantesco.
En definitiva, nunca es mal momento para reparar en que, por fortuna, los españoles convivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho felizmente consolidado gracias a ese artefacto de paz y concordia que fue y es la Constitución Española de 1978, cuyo artículo 103 declara solemnemente que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”. En paralelo, el Estatuto de Autonomía andaluz consagra en su artículo 133 que “la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico”.
Esos son los ejes, las coordenadas que en ningún momento podemos ni deberíamos olvidar los responsables públicos cuando estamos al frente de la gestión administrativa.
A partir de ahí, lo que toca es ser políticamente ambiciosos para demostrar, con hechos y reformas de calado, que se quiere estar a la vanguardia y superar viejos vicios incompatibles con los dictados de la Carta Magna y de nuestro marco estatutario. En esa tarea estamos inmersos en el actual Gobierno de Andalucía, sabedores de nuestra responsabilidad histórica tras casi cuatro décadas sin alternancia en el Ejecutivo autonómico, con todas las inercias que ello implica. Más de un centenar de entes instrumentales tuvimos que desmantelar para empezar y, tras el primer año de legislatura, logramos simplificar más de 800 procedimientos administrativos burocráticos; siempre con pleno rigor técnico, transparencia absoluta y únicamente en defensa del interés de Andalucía y de los andaluces, que son nuestro verdadero motor legislativo.
Confieso que es un auténtico orgullo poder hablar del Decreto 622/2019 de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, probablemente la norma más revolucionaria desde la aprobación de la reforma del Estatuto y que nos ha adelantado al resto de las autonomías en el cumplimiento de las exigencias de digitalización que imponen los nuevos tiempos. Lejos de ir a remolque, hemos querido ejercer de locomotora y sacar el máximo rendimiento a las potencialidades que nos están brindando las sucesivas revoluciones tecnológicas. En este sentido, la crisis de la COVID-19, lejos de ser un inconveniente, ha servido de acicate para una normativa puntera que, de hecho, entró en vigor el pasado 1 de abril, esto es, en pleno confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación.
Es la senda por la que honestamente entendemos que debe avanzar la Administración Pública en el futuro inmediato: facilitando al máximo tanto la relación directa de los ciudadanos y empresas como el escrutinio permanente de la gestión pública. Y llegados a este punto, también resulta obligado destacar que el Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, al contrario de lo que ha sucedido en otras administraciones, ha seguido funcionando durante los meses más duros de la pandemia, reafirmando un compromiso que es uno de los sellos identificativos de mi Gobierno: en ninguna circunstancia y bajo ningún concepto la rendición de cuentas es algo postergable o secundario. A mi juicio, solo con esas premisas, de esencia profundamente democrática, se puede aspirar a cumplir con los compromisos de Gobierno Abierto y Agenda 2030 adquiridos por España a nivel internacional, que compartimos plenamente y aspiramos a cumplimentar con creces con la misma anticipación con la que, de facto, ya hemos implementado en Andalucía la Administración electrónica: sin demoras ni excusas.
Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente
Junta de Andalucía
