Volvemos del verano con más desconcierto de lo previsible y con un adelanto inesperado de esa segunda oleada del virus que esperábamos en octubre y que ha reducido tanto la capacidad del sector turístico para ayudarnos a facilitar una recuperación más rápida. El escenario de la recuperación en V ha quedado definitivamente enterrado en la arena de la playa.
Salvo que tengamos que hacer un segundo confinamiento, los resultados del tercer trimestre en la economía deberían ser positivos. Si los rebrotes no se disparan, deberíamos contemplar ahora una pequeña oleada de datos macroeconómicos positivos. Hemos perdido el efecto positivo del turismo en la recuperación, pero es de esperar que otros sectores repunten ahora con fuerza.
Los datos sobre la evolución de los ERTE parecen sostener esa idea. El resultado de la crisis del COVID-19 sería razonable si el coste en términos de desempleo de esta crisis se queda por debajo del millón de nuevos desempleados, tras los puestos de trabajos destruidos y el millón corto de los 4 millones acogidos a los ERTE que podrían no recuperar su empleo.
Tenemos instrumentos y voluntad de usarlos. Está claro que, como el shock sanitario, el shock económico no ha terminado y tenemos que seguir tomando decisiones paliativas a corto plazo como la extensión de los ERTE, la valoración de los apoyos a hostelería y turismo, o las contrataciones “masivas” en sanidad y educación. Pero hay que arrancar cuanto antes los planes de reactivación. Todavía no hemos puesto en marcha los nuevos instrumentos financieros de la UE en torno al Next Generation UE y a las previsiones financieras 2021-2027, ni usado la disponibilidad de financiación en el MEDE. El BCE tiene también abiertas sus líneas de financiación y compra de activos. Es decir, tenemos potencia de fuego cayendo en el exceso del lenguaje bélico de esta crisis.
Hay herramientas, recursos y consenso sobre la necesidad de seguir actuando vigorosamente desde lo público para salvar los efectos del confinamiento. Hay también certeza en torno a las dificultades que encontraremos y conviene destacar dos preocupaciones principales.
La primera es la sostenibilidad de estos esfuerzos y los impactos de largo plazo en la deuda pública. ¿Hasta cuánto podemos gastar? Una vez más Mario Draghi ha mandado un mensaje poderoso con respecto a esta preocupación. En su conferencia en Rímini el 18 de agosto, hablando de gasto público y endeudamiento en los mercados, animó a hacerlo “solo si se dedica a fines productivos: capital humano, infraestructuras cruciales para la producción e investigación”. Si la deuda se centra en propósitos improductivos, generaremos “deuda mala y su sostenibilidad se erosionará”.
Saber lo que funciona y lo que no funciona. La segunda es la necesidad de acertar con las medidas y de definirlas bien en forma y fondo. No comprometer recursos si no vamos a poder gastarlos. No diseñar planes si su efecto no se va a notar suficientemente pronto. Cuando se estudia política económica, se estudian los why and hows de la intervención pública y enseguida sus límites. Todos aquellos que están asociados a la falta de conocimiento sobre los problemas, a la gestión del riesgo, a la credibilidad de los agentes o a la disponibilidad de información entre ellos.
La clave es actuar sobre objetivos sustanciales y hacerlo bien. Sobre objetivos que impulsen la diversificación sectorial y el cambio productivo (los fines productivos de Draghi) y con planes, conocimientos, evidencias, profundidad y capacidad de ser flexibles.
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) nos vuelve a ofrecer información valiosa para la toma de decisiones y para entender qué significa cumplir objetivos y acertar. Ha empezado a presentar los hallazgos de su segundo Spending Review en este turbulento mes de julio. El primer informe es el de los beneficios fiscales, instrumentos que persiguen objetivos económicos y sociales, mediante exenciones, tipos reducidos, reducciones o deducciones. Los estudiados en el informe tienen un coste de 60 mil millones, más de 40 mil asociados al IVA.
El estudio concluye que de los 12 beneficios fiscales que se pudieron estudiar no cumplen sus objetivos de manera concluyente ni (1) la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social en el IRPF, ni (2) los tipos reducidos en el IS para las SICAV.
Sí cumplen sus objetivos los siguientes:
- (3) la reducción por tributación conjunta en el IRPF (aunque desincentiva la participación laboral de las mujeres, tiende a desaparecer en la UE y se sugiere su progresiva eliminación),
- (4) la reducción en el IRPF por arrendamiento de viviendas,
- (5) los tipos reducidos y superreducidos en el IVA, aunque es una medida que favorece más a las rentas altas y contribuye menos que otros instrumentos a la distribución de la renta,
- (6) la reducción por rendimientos del trabajo en el IRPF,
- (7) las deducciones sociales por maternidad, familia numerosa o discapacidad, aunque su efecto es pequeño,
- (8) las exenciones de IVA para los servicios financieros,
- y (9) la diferencia impositiva entre diésel y gasolina.
Finalmente, no está nada claro que cumplan sus objetivos ni (10) la deducción por donativos en el IRPF, ni (11) la deducción por donativos en el IS, ni (12) las exenciones del IVA para los servicios de sanidad y educación.
No son resultados obvios y por eso son más interesantes. Los detalles del análisis pueden ser consultados en la página web de AIReF. Pero se trata de nuevo de una excelente aproximación a la letra pequeña de la política económica y a la necesidad de evaluar los resultados de la implementación de sus instrumentos.
Tras una primera línea de acción política, existe una línea de acción técnica que puede condicionar a la política. Parece evidente que, para responder al impulso político que ofrece la financiación europea, el criterio técnico no debe ser sepultado por el político en la fase de planes para la reactivación que nos urge empezar tras el verano.
Pedro Caldentey 
Director del Departamento de Economía
Universidad Loyola Andalucía
