La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha exigido redoblar en todos los ámbitos las medidas higiénico-sanitarias y acometer trabajos de limpieza y desinfección a conciencia como principal vía de eficacia demostrada para dificultar la expansión del virus hasta en cuanto en tanto contemos con una vacuna contra éste. Los servicios de limpieza y desinfección están en manos de las entidades locales y, en ocasiones, organismos supramunicipales, a los que en los primeros meses de esta crisis sanitaria tuvieron que ayudar incluso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado interviniendo, por ejemplo, en residencias de mayores y personas dependientes que se convirtieron en los más vulnerables.
Por estas razones, entre otras, sabíamos que los ayuntamientos iban a tener que destinar recursos extra a estas labores y otras como las de control, vigilancia y seguridad durante el estado de alarma e incluso la dotación de suministros básicos a las familias más vulnerables. Por ello, nada más decretarse el estado de alarma, en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de la cual es consejero, además de vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, adoptamos la decisión de destinar diez millones de euros de ayudas extraordinarias a los municipios más pequeños, que son también los que cuentan con menos recursos, para financiar actuaciones encaminadas a reforzar y garantizar los servicios públicos de su competencia afectados por la crisis sanitaria-epidemiológica.
Unos fondos, integrados en el Plan de Cooperación Municipal y contemplados en el Decreto-Ley del 8 de abril, que fueron transferidos de manera directa por la Dirección General de Administración Local de esta Consejería a las entidades locales, incluidas por primera vez 35 ELA, agilizando así la disponibilidad de unas ayudas que llegaron ese mismo mes de abril a 563 municipios de menos de 5.000 habitantes, el 68% del total del territorio andaluz.
En concreto, del total de recursos, cuatro millones se repartieron entre 315 municipios de menos de 1.500 habitantes (con ayudas de entre 6.000 y 21.000 euros para cada uno) y seis millones entre 248 localidades de 1.500 a 5.000 vecinos (cuya cuantía mínima es de 18.000). Recursos que las entidades locales tienen a su disposición desde el principio de la pandemia para poder gastarlos hasta final de año.
Por provincias, de estos diez millones de euros, Almería ha contado con 1,2 millones para 83 entidades locales; Cádiz con 430.000 para 22 municipios menores de 5.000 habitantes; Córdoba con 1,1 millones para 56 localidades; Granada con casi 1,4 millones repartidos entre 139 ayuntamientos; Huelva con casi 1,1 millones para los vecinos de 62 pueblos pequeños; Jaén con 1,5 millones para 78 localidades; Málaga con casi 1,4 millones repartidos entre 77 entidades locales, y Sevilla con 1.031.298 euros para proteger a los vecinos de 46 localidades.
Como director general de Administración Local, responsable de este programa de ayudas, he tenido la oportunidad de visitar varios de estos municipios pequeños destinatarios de las mismas, y conocer de primera mano, directamente de sus alcaldes y alcaldesas, el alivio que ha sido para ellos poder contar con estos fondos extra para afrontar los gastos derivados de la pandemia.
El coste de instalar una mampara en los centros de atención al público, dotar de mascarillas al personal municipal (y en muchos casos a todos los vecinos), adquirir gel hidroalcohólico para su uso en cualquier instalación del ayuntamiento o baldear diariamente las calles del pueblo con productos específicos puede suponer para una localidad de este tamaño un auténtico desbarajuste en su presupuesto.
Por ello, una de nuestras máximas fue llegar al mayor número de municipios posible y ayudarles a implantar las medidas higiénico-sanitarias necesarias para restringir la difusión de la pandemia, así como establecer un mecanismo ágil para que el dinero les llegara en el momento en el que fue necesario. Los habitantes de nuestro medio rural no podían sufrir por que los trámites administrativos se eternizaran mientras los alcaldes tenían que hacer frente cada día a una situación tan dura sin recursos.
La fórmula elegida fue mediante transferencias condicionadas, más ágiles en su tramitación que las subvenciones públicas, no resultándoles de aplicación la normativa general sobre éstas. Así, para percibir estas ayudas no ha sido obstáculo tener deudas con la Hacienda Pública estatal o autonómica ni con la Seguridad Social. Tampoco objeto de compensación las transferencias con otras obligaciones que pudieran existir entre la Junta de Andalucía y las entidades locales beneficiarias.
El objetivo era dar respuesta inmediata a un rango de municipios cuya escasa población hace que se encuentren en una situación económica de poca fortaleza, donde igualmente existen dificultades de gestión derivadas de problemas de economía de escala, dispersión geográfica y, por supuesto, declive poblacional permanente. Uniéndose a ello la caída de los ingresos por los problemas de desempleo derivados de la paralización económica y el aumento del gasto social para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Y lo cierto es que, a tenor de los encuentros que he podido mantener con alcaldes de todo signo político, las ayudas están cumpliendo su finalidad. Incluso han contribuido a crear empleo en el medio rural, ya que más de un centenar de ayuntamientos han destinado parte de los fondos a contratar personal de refuerzo para las labores de limpieza de las calles y edificios públicos, una vez abiertos tras el levantamiento del estado de alarma, desde los centros de salud a los colegios ante el reciente inicio del curso escolar. También han aumentado las plantillas de los servicios de ayuda a domicilio a las personas dependientes, o han contratado personal específico para llevar comida y productos básicos durante el confinamiento a los mayores del pueblo y las familias vulnerables.
En otros casos no han contratado a más trabajadores, pero sí han podido remunerar las horas extra que han tenido que hacer los agentes de la Policía Local o el personal de los Servicios Sociales. O han podido contar con los servicios de empresas especializadas en desinfección de espacios como las piscinas municipales, que de otro modo no podrían haber abierto este verano, en el que son muchas las familias para las que este tipo de instalaciones han supuesto su única posibilidad de ocio vacacional o incluso han atraído a los vecinos emigrados a descansar unos días en su pueblo ante las restricciones de movilidad. No en vano, muchos de estos pueblos de interior han vivido cifras de récord turístico en este verano atípico, una reactivación social y económica que viene especialmente bien en estas zonas sobre las que se cierne el fantasma de la despoblación.
Incluso gracias a estos fondos hay niños que han podido seguir las clases online desde sus casas, ya que algunos ayuntamientos han adquirido tablets y equipamientos para esos alumnos cuyos padres no podían permitírselo o se han encargado de pagar la conexión a Internet en sus casas.
Todos estos ejemplos son una clara muestra de la cercanía de la administración local al ciudadano que justifica la apuesta de este Gobierno por el municipalismo. Más aún ante el maltrato sufrido desde el Ejecutivo central con los vaivenes del Ministerio de Hacienda para dejarles disponer de sus remanentes de tesorería, que no son más que recursos de los vecinos que los ayuntamientos tienen derecho a gastar en prestar los servicios a sus ciudadanos.
Las entidades locales están en la primera línea, son la primera puerta a la que llaman los vecinos, y son también los que se encuentran primero con las demandas de éstos, sus problemas y sus necesidades.
Por eso desde el inicio de esta crisis sanitaria, en la Junta de Andalucía en general y en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en particular, tuvimos muy presente la necesidad de arrimar el hombro junto a los ayuntamientos para cooperar con ellos frente a la pandemia.
Joaquín López-Sidro 
Director General de Administración Local. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Junta de Andalucía
